La Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) y organizaciones sociales, denunciaron este miércoles “graves violaciones al derecho a la salud” de los ambientalistas de Cabañas que enfrentan un proceso judicial por, supuestamente, participar en el asesinato de una mujer en el contexto del conflicto armado (1980-1992).
“Denunciamos graves violaciones al derecho a la salud de los compañeros detenidos, dado que el arresto domiciliar les dificulta recibir atención médica, teniendo como resultado el agravamiento de enfermedades crónicas que padecen y otros padecimientos ocasionados por las crueles condiciones carcelarias que sufrieron durante ocho meses”, dice el comunicado que fue difundido.
Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad- fueron detenidos el 11 de enero de 2023.
ADES indica que familiares de los detenidos denuncian que en varias ocasiones la Policía Nacional Civil (PNC) no los ha trasladado a los centros de salud, incumpliendo la resolución del Juzgado de Instrucción que, cuando ordenó el arresto domiciliar, ordenó que fueran llevados a recibir atención médica cuando lo necesitaran.
“En tal sentido, exigimos cumplir con su derecho a la salud, porque de lo contrario, corre peligro la vida de quienes padecen enfermedades graves”, agrega.
Señalaron que uno de los detenidos requiere de intervención quirúrgica. “La Policía, por ejemplo, dice que llega un día para poderlo trasladar al hospital y no aparece. Entonces queremos denunciar eso porque está poniendo la vida de este compañero en riesgo y los juzgados no están haciendo nada tampoco por garantizar que él tenga acceso a la salud”, dijo Peter Nataren, vicepresidente de la cooperativa Santa Marta.
Agrega que el Estado no cumple con las resoluciones judiciales en el caso de los ambientalistas en el acceso a atención médica y el deterioro de su salud avanza con celeridad.
En la denuncia de la organización también llamaron a terminar con el proceso judicial, al que califican como una “criminalización y persecución” contra los defensores del agua y medio ambiente. Añade que no han tenido resolución a las dos apelaciones presentadas hace unos dos meses ante la Cámara Penal de Cojutepeque, con el fin de revertir la decisión del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que envió a los ambientalistas a vista pública.
Rafael Paz Narvaez, del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico, señaló que una de las preocupaciones es sobre la forma en que el gobierno “ha instrumentalizado” a otras instancias del Estado salvadoreño y una ausencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.