La Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) y organizaciones sociales, denunciaron este miércoles “graves violaciones al derecho a la salud” de los ambientalistas de Cabañas que enfrentan un proceso judicial por, supuestamente, participar en el asesinato de una mujer en el contexto del conflicto armado (1980-1992).
“Denunciamos graves violaciones al derecho a la salud de los compañeros detenidos, dado que el arresto domiciliar les dificulta recibir atención médica, teniendo como resultado el agravamiento de enfermedades crónicas que padecen y otros padecimientos ocasionados por las crueles condiciones carcelarias que sufrieron durante ocho meses”, dice el comunicado que fue difundido.
Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad- fueron detenidos el 11 de enero de 2023.
ADES indica que familiares de los detenidos denuncian que en varias ocasiones la Policía Nacional Civil (PNC) no los ha trasladado a los centros de salud, incumpliendo la resolución del Juzgado de Instrucción que, cuando ordenó el arresto domiciliar, ordenó que fueran llevados a recibir atención médica cuando lo necesitaran.
“En tal sentido, exigimos cumplir con su derecho a la salud, porque de lo contrario, corre peligro la vida de quienes padecen enfermedades graves”, agrega.
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Señalaron que uno de los detenidos requiere de intervención quirúrgica. “La Policía, por ejemplo, dice que llega un día para poderlo trasladar al hospital y no aparece. Entonces queremos denunciar eso porque está poniendo la vida de este compañero en riesgo y los juzgados no están haciendo nada tampoco por garantizar que él tenga acceso a la salud”, dijo Peter Nataren, vicepresidente de la cooperativa Santa Marta.
Agrega que el Estado no cumple con las resoluciones judiciales en el caso de los ambientalistas en el acceso a atención médica y el deterioro de su salud avanza con celeridad.
En la denuncia de la organización también llamaron a terminar con el proceso judicial, al que califican como una “criminalización y persecución” contra los defensores del agua y medio ambiente. Añade que no han tenido resolución a las dos apelaciones presentadas hace unos dos meses ante la Cámara Penal de Cojutepeque, con el fin de revertir la decisión del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que envió a los ambientalistas a vista pública.
Rafael Paz Narvaez, del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico, señaló que una de las preocupaciones es sobre la forma en que el gobierno “ha instrumentalizado” a otras instancias del Estado salvadoreño y una ausencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.