Tras la rápida aprobación de la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, las organizaciones ambientalistas han expresado su intención de elevar la denuncia por violación a los derechos humanos ambientales ante instancias internacionales.
“Frente a la inminente invasión de las empresas mineras en El Salvador y a la derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, con lo cual incumpliría el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales conocidos como Protocolo de San Salvador, entre otros cuerpos normativos que garantizan tales derechos”, señaló la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador.
La medida ha sido catalogada por los ambientalistas y organizaciones civiles como “el tiro de gracia para el agua” y “el mayor atentado contra el agua”, tomando en cuenta que los diputados oficialistas rechazaron someter la ley a un debate con ambientalistas, organizaciones y la Iglesia Católica antes de ser aprobada.
ADES Santa Marta: Se consuma el mayor atentado contra el agua
“Insistir a la comunidad internacional a sostener acciones de solidaridad e incidencia frente a las actividades de las empresas mineras del territorio y mantenerse vigilantes de las acciones de Estado salvadoreño en detrimento del derecho humano al agua, a un ambiente sano, a la salud y la vida”, recalca el comunicado de la Mesa Frente a la Minería.
Se estima que los proyectos mineros tomarían hasta un tercio del territorio nacional, misma zona en la que se ubica la cuenca del río Lempa alimentando no solo las áreas de cultivo en zonas rurales sino también el agua potable que llega a los hogares salvadoreños.
“A pesar que esta actividad se permita vamos a seguir resistiendo y haciendo todo tipo de acciones nacionales e internacionales para evitar el desarrollo de esta industria en El Salvador”, señaló Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
No obstante ya se tienen acercamientos con aliados internacionales en Canadá, Estados Unidos y organizaciones que luchan contra las acciones mineras.
Debido a la poca información presentada por las autoridades no se tiene certeza sobre las entidades internacionales que estarían involucradas en los proyectos extractivos; sin embargo, el representante de la UNES detalló que se ha obtenido información sobre industrias brasileñas, canadienses, peruanas y de intereses chinos que podrían desarrollar proyectos extractivos.
“Hay sectores que quieren engañar a las comunidades están claras que la minería es mala, pero hace siete años teníamos algo similar, las empresas hablaban de desarrollo con la minería verde, es lo que se quiere decir ahora con engaños”, detalló
“Es un atentado de muerte si aprueban esa Ley que permita la minería metálica en nuestro país”
González sostiene que es necesario llevar a cabo campañas de educación poblacional para informar a las comunidades en riesgo sobre las verdaderas afectaciones, sus derechos e incluso qué hacer ante la posibilidad de ser amenazados con quitarles sus tierras si se niegan a vender.
“Vamos a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que se den los retrocesos en derechos, al tener la prohibición de la minería teníamos una mayor protección de los derechos de salud, al revertir la prohibición hay un retroceso”, concluyó González.
Información técnica científica sobre el impacto ambiental presentada por los ambientalistas sostiene que reciclando agua, en El Salvador se necesitan 3,700 litros de agua por cada onza de oro extraída, esta situación agravará la escasez del líquido.