El abogado constitucionalista Enrique Anaya consideró válida la condena hecha por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), quien rechazó las reformas con las que se penalizan hasta con 15 años de cárcel la difusión de mensajes alusivos a pandillas a través de medios de comunicación y plataformas digitales.
Para Anaya, “el Estado tiene la obligación moral y jurídica de luchar contra la delincuencia”, pero señaló que “las herramientas” para combatir a esta “deben hacerse de acuerdo con las leyes, con la Constitución, con las normas jurídicas vigentes”.
El abogado se refirió durante un entrevista televisiva a las enmiendas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas aprobadas de forma exprés en la Asamblea Legislativa. Planteó que el divulgar ese tipo de mensajes “podría estar sujeto a ciertas regulaciones”, pero cuestionó “los términos” en que se redactaron las modificaciones.
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“Prácticamente como muy bien dicen han metido en el mismo huacal a las maras y a los periodistas, es absolutamente ilegal, inconstitucional, violatorio de derechos humanos y sobre todo violatorio a la democracia e inclusive nos violan el derecho a los salvadoreños de poder tener acceso a información”, señaló este jueves durante la entrevista Encuentro con Julio Villagrán.
Criticó el argumento del presidente Nayib Bukele y algunos de sus diputados al comparar la decisión tomada para El Salvador con la que se aplica en Alemania que prohíbe la simbología nazi, pues el experto aclaró que la normativa de allá estipula excepciones.
“Precisamente en Alemania se señala que está prohibido el uso de toda la simbología nazi, siempre y cuando no se trate de temas de docencia, de aspectos de explicaciones históricas, de aspectos de información que se va a dar al público”, expuso.
A criterio de Anaya “está bien regular” la divulgación de mensajes alusivos a los grupos criminales, pero afirmó que “habría que ver los términos exactos: cuando se trata de exaltar, cuando se trata de hacer grande esta simbología, pero cuando se trata de dar información, ¿y entonces? ¿Cómo se va a dar información de las pandillas si ya no se va a poder hacer ni caricaturas ni nada sobre pandilleros? Porque no sé cuál va a ser el límite”, añadió.
En opinión del abogado constitucionalista “los términos con los que han sido hechas las reformas legales lo que persiguen es intentar ocultar el fenómeno de las pandillas en El Salvador, con lo cual en realidad ocultarlo no significa que va a desaparecer”, aseveró.
¿Por qué sigue el régimen de excepción?
Los cuestionamientos a las violaciones a derechos humanos fundamentales a raíz del régimen de excepción fueron reiterados este jueves por el abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien señaló que se "está haciendo un mal uso de las herramientas que la misma Constitución" y las leyes estipulan.
A criterio del abogado la medida vigente en el país desde el pasado 27 de marzo, tras el repunte de violencia que se registró durante dos días, no era necesaria, y se preguntó "¿si el alza de homicidios ya desapareció, se justifica que se continúe con el régimen de excepción?".
"No tengo información precisa o datos confiables de cuál fue el detonante del triste, condenable y sangriento fin de semana, no sabemos como el gobierno no es transparente, y no tengo información precisa de cuál es el objetivo del gobierno al implementar el régimen de excepción, porque para hacer lo que ha hecho no lo necesitaba, tendría que haber hecho buenas investigaciones", manifestó en la entrevista Encuentro con Julio Villagrán.
Lamentó las denuncias sobre "detenciones ilegales" que se han hecho públicas en el marco del régimen de excepción y declaró que desconoce si las capturas masivas que reporta el presidente Nayib Bukele en Twitter "son parte de un show".
"Esto de hacer capturas masivas francamente es un disparate. El Código Penal señala que la detención administrativa procede cuando hay una investigación previa que demuestra que al menos hay los indicios del cometimiento de un delito... Pero ahí se están llevando a cualquier persona", expresó.
Criticó que "la forma en que se está ejecutando" el régimen de excepción que durará 30 días "ni siquiera está sustentada" en el Decreto 333 que le dio luz verde a su aplicación.
De acuerdo con la petición leída en el pleno la madrugada del 27 de marzo, la medida implica la suspensión de la libertad de asociación, a la defensa, plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia en el sentido de intervención de las telecomunicaciones.
"Por ejemplo, no está suspendida la libertad de movilidad, sin embargo, se han adoptado cercos militares; no está suspendido el derecho de inviolabilidad de la morada, pero como se ha hecho público se montan los cercos militares y los militares y policías avisan que todas las puertas de las casas de esa comunidad deben estar abiertas porque van a entrar a revisar", indicó.
Según Anaya, "lo que viene ocurriendo desde el mes pasado y de estas semanas es un paso más en el fortalecimiento y la consolidación de un régimen autocrático a una velocidad muy rápida, bien han dicho organizaciones defensoras de derechos humanos de carácter internacional lo que le tardó 10 años a Chávez y 15 años a Ortega en El Salvador vamos acelerados".
La directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, también comparó las reformas del oficialismo con las hechas en su momento en Nicaragua.