Un total de 250 avisos de personas desaparecidas ha publicado la iniciativa Alerta Raquel desde 2020 hasta la fecha, informaron las defensoras de derechos humanos Silvia Elizondo y Marielos Pérez, durante la entrevista de YSUCA de este miércoles 20 de marzo.
De todas esas alertas emitidas a través de las plataformas de redes sociales, siete mujeres fueron víctimas de feminicidio, otras habían huido o fueron víctimas de otros delitos relacionados a la violencia de género y 12 casos se encuentran activos y las familias siguen recibiendo acompañamiento de la iniciativa, señalaron.
Alerta Raquel es una iniciativa que nació luego de la desaparición de Raquel Salazar, una integrante de la Asociación de Mujeres Ixchel, registrada el 29 de noviembre de 2019.
Las integrantes explicaron que el objetivo de este proyecto es publicar alertas tempranas de mujeres desaparecidas y de esa forma evitar que sean víctimas de otros delitos.
“La emisión de la alerta temprana tienen el objetivo de disminuir la perpetración de un hecho mayor que puede ser un feminicidio, un homicidio, una agresión sexual en una niña o en una mujer” manifestó Elizondo.
Por otra parte, señalaron que vieron la necesidad de dar acompañamiento a las familias en abandono del Estado en la búsqueda y la importancia de crear un registro de mujeres desaparecidas.
“Nos dimos cuenta que muy poco se hace desde las autoridades por prevenir la desaparición de niñas, mujeres y cualquier personas. (La alerta) tiene como objetivo generar un poco de conciencia” expuso Elizondo.
Las integrantes de Alerta Raquel también señalaron las grandes deudas del Estado salvadoreño con las víctimas de desaparición y sus familiares, entre esas la falta de una política o una ley que garantice los derechos de las personas desaparecidas y de las personas que buscan.
“Las familias se enfrentan a hechos como, si un familiar desaparece, como queda el estatus de esta persona en su trabajo o hacer un trámite personal (...) los permisos migratorios” dijo Elizondo. Además, aseguró todo eso se garantizaría con la creación y la aprobación de una ley.
En reiteradas ocasiones, los familiares de las víctimas han hecho llamados a la actual Asamblea Legislativa para que inicie un proceso de diálogo que incluya a las víctimas, organizaciones de derechos humanos, expertos nacionales e internacionales, que culmine con la aprobación de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Los familiares señalan que es importante que la legislación incluya elementos para la prevención, investigación, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, pero hasta ahora no han tenido respuesta.
Elizondo añadió que otra de las carencias en el país es que no se cuenta con un registro único de desaparecidos lo que dificulta la búsqueda.
“Aquí hablamos de datos que organizaciones podemos mínimamente, documentar, registrar a través de la denuncias públicas, pero sabemos que hay muchas que no han sido registradas, que no son visibilizadas en redes sociales y que existe un subregistro” enfatizó la defensora de derechos humanos.
Asimismo Elizondo señaló la falta de un banco de ADN lo que no permite hacer comparaciones genéticas cuando se encuentran restos en fosas o cementerios clandestinos.
“Sin duda, falta un compromiso político (...) Necesitamos que las autoridades y que el gobierno asuma el problema de la desaparición para poder comenzar a garantizar mínimamente la reparación, la justicia y el acceso a la justicia de la víctimas” subrayó.
El actual gobierno mantiene en reserva la información relacionada a personas reportadas como desaparecidas y los restos de víctimas encontrados en fosas y cementerios clandestinos en el país.