Alcaldía de Soyapango ahoga a proveedores con el impago de deudas por más de $8.2 millones

La empresa Publiprom despachó a la Alcaldía Municipal de Soyapango 463 capas para la lluvia en julio de 2021, por un precio de $11,575. Desde esa fecha hasta el 13 de mayo de 2022 habían pasado 292 días y la comuna no le había pagado. Ni siquiera le había notificado alguna modalidad para cancelarle el dinero. Por ello, los representantes de la compañía enviaron un escrito para solicitar, por tercera vez ya, que la alcaldía solucionara su situación.

Los miembros del Concejo aprobaron instruir a la Gerencia Financiera de la institución para que revisara el caso y presentara ante ellos un plan de pago, en un plazo de tres días. Eso quedó recogido en el acta de concejo número 51, celebrada el 18 de mayo de 2022. Sin embargo, han transcurrido otros 579 días y la empresa no ha recibido su pago.

Según datos del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros, Publiprom es una pequeña empresa, por lo que una deuda como esta ha lacerado sus finanzas. El Diario de Hoy se puso en contacto en tres diferentes ocasiones con representantes de la compañía para que expusieran la problemática. Sin embargo, declinaron hablar con un medio de comunicación.

Pero no es un caso único. Con la revisión de 90 de las actas de Concejo de la alcaldía Municipal de Soyapango de la presente administración, este medio pudo reconstruir que esa comuna le debe a 30 proveedores al menos $8.2 millones de dólares. Una deuda que decidió no pagar desde el 30 de diciembre de 2022, justamente en la reunión de concejo en la que se destituyó como alcaldesa a Nercy Montano, acusada por corrupción.

En el acta número 90, la nueva administración, ahora liderada en teoría por el alcalde en funciones Antonio García López, acordó “congelar el pago a proveedores”. El motivo, según el escrito, era priorizar el pago de salarios de los empleados municipales. Sin embargo, eso se tradujo en mantener, por casi un año más, las deudas con todas esas empresas y personas naturales.

Esta es la historia de una alcaldía que, durante la administración de Nercy Montano, decidió priorizar el dinero en festejos y no en el pago de sus compromisos, mientras endeudaba cada vez más a un municipio que está entre los de mayores ingresos por impuestos y tasas en el país. También la de una nueva administración que, en teoría, llegaba a poner orden a las finanzas, pero acordó ahogar a pequeñas y medianas empresas al mantener las deudas sin pagar.

El Diario de Hoy intentó comunicarse con representantes del Concejo soyapaneco para conocer su versión, pero no respondieron al cierre de este reportaje.

Denunciar a pesar del miedo

El ejemplo de Publiprom que abre este reportaje es paradigmático respecto al trato de la Alcaldía Municipal de Soyapango a sus proveedores, tanto en la reticencia a pagarles por sus servicios como por la imposición de un clima de silencio, para evitar cualquier denuncia pública.

Para este reportaje, El Diario de Hoy conversó con siete proveedores a los que la comuna les adeuda y que aceptaron hablar con la condición de no revelar sus nombres o los de sus empresas: el miedo es que denunciar algo relacionado con funcionarios pertenecientes al partido oficial, Nuevas Ideas, se traduzca en un veto en otras instituciones públicas, en la persecución fiscal o en acusaciones penales a través del Régimen de Excepción.

Todos ellos cuentan con facturas pendientes de unos cuantos miles de dólares, pero que, por el tamaño de su empresa, la ausencia de esos pagos representa una fuerte carga para sus finanzas. Todos han tenido que endeudarse con altos intereses para hacerle frente a la crisis, sobre todo si se toma en cuenta que dieron esos servicios casi inmediatamente después de que finalizara la congelación de la economía por en el covid-19.

“Lo que pudimos ganar, ya lo perdimos en pago de intereses”

María (nombre ficticio) es la encargada de ventas de una pequeña empresa. La alcaldía de Soyapango mantiene una deuda con la compañía desde hace más de un año.

“Es una pena. La verdad es que todo lo que hubiéramos ganado con ese contrato ya lo perdimos prácticamente en los intereses que hemos tenido que pagar por ese préstamo. Y lo adquirimos no para invertir, sino para poder seguir a flote”, dice María. Sin ese salvavidas financiero, aunque costoso, hubieran tenido que despedir empleados o cerrar operaciones.

Todos han enviado numerosos escritos a diversos departamentos de la comuna para poder obtener su dinero. Incluso en 2022, pues ignoraban que existe un acuerdo para congelar el pago a proveedores. Francisco (nombre ficticio) es uno de ellos. Lamenta que seguir las reglas no le haya traído resultados: para ganar su contrato, participó en un largo concurso de licitación, en el que fue escogido de entre varios candidatos. Pero hubiera preferido no hacerlo. Durante todo este año, se ha encontrado con un laberinto.

“He llevado escritos a la asistente del alcalde y esta me dice que me dirija al gerente financiero. El gerente financiero me dice que vaya a otro lado… se tiran la pelota de un lado a otro para no darnos una respuesta”, comenta Francisco.

La última vez que la comuna hizo un pago importante a sus proveedores fue en una de las últimas sesiones de concejo liderada por Nercy Montano, la del 13 de diciembre de 2022. Entonces, se aprobaron préstamos con seis cajas de crédito que sumaban $5.15 millones. Se usaron para abonar a sus compromisos con más de 50 proveedores. El principal de ellos era la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS), a la que le pagaron $2.78 millones.
Cuatro de los siete entrevistados dicen que recibieron un pago parcial en esa lista, pero no volvieron a obtener respuesta. A algunos les han prometido que este mes “les saldrá su cheque”: les han dicho que solo esperan recaudar algunos impuestos más.

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Ni un solo pago

Pedro es el representante de una compañía que no recibió ni un solo pago en ese paquete de diciembre de 2022. Asegura que su empresa ha tenido una larga relación con la Alcaldía de Soyapango y nunca se había “atrasado de más”. Tampoco es el caso de otras comunas con las que ha hecho tratos, como la de San José Villanueva o Ayutexpeque que, dice, incluso le pagan al contado.

“Fíjese que si uno, como proveedor, no cumple con lo pactado, lo pueden sancionar e incluso le pueden impedir ofertarle al Estado hasta por 5 años. Pero los funcionarios públicos pueden hacer lo que quieran y nadie los toca. Es injusto. No somos iguales ante la ley”, dice.

Para Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, situaciones como esta, en la que se ahoga a pequeños proveedores al negarles su derecho al pago por un servicio, llevan a la quiebra al tejido empresarial más necesitado y que constituye la masa más grande del empresariado en nuestro país. Por lo tanto, estos actos golpean la economía del país. La abogada invita a todos aquellos afectados a presentar demandas contra el Concejo Municipal de Soyapango, que fue el responsable de adquirir la deuda.

Sin embargo, los siete entrevistados manifestaron que no ven acudir a los tribunales como una opción en sus casos: saben que no hay una independencia de poderes que les asegure un destino justo. López hace una reflexión al respecto.

“Los proveedores quedan a merced de la gestión pública cuando hay una concentración del poder que implica que en otras instituciones públicas queden vetados si denuncian a una de ellas. Es un problema sistémico”, dice López.

Las deudas más grandes

Entre los proveedores a los que no les ha pagado la comuna de Soyapango hay compañías a los que les adeudan montos importantes. Ese es el caso de Servisoy, una empresa de economía mixta dedicada a la disposición final de desechos sólidos.

Según el acta de concejo número 60, del 19 de julio de 2022, teniendo en cuenta facturas pendientes desde noviembre de 2021 y con la proyección de los servicios que se prestarían de julio a diciembre de 2022, la alcaldía debía apartar $5.3 millones para Servisoy. Para eso, instruyó a la tesorera municipal de la época para que erogara dichos fondos. Sin embargo, esto no llegó a la compañía en su totalidad.

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El único pago que recibieron fue en diciembre de 2022, justamente en ese paquete de préstamos a cajas de crédito. El monto fue de $795,323.80, por lo que quedó un compromiso, todavía pendiente, de más de $4 millones. El Diario de Hoy intentó contactar a representantes de Servisoy para obtener su punto de vista ante esta deuda, pero declinaron conversar con este periódico.

Otra compañía a la que la Alcaldía de Soyapango le adeuda montos importantes es Transportes Abarca, que daba a la comuna el servicio de llevar por medio de vehículos grandes desechos sólidos desde el punto de transferencia ubicado dentro del municipio hacia el relleno sanitario. El 7 de septiembre de 2022, esta empresa exigió el pago, ya por quinta vez, de facturas pendientes que ascendían a más de $224,000. El concejo instruyó a la Gerencia Financiera para que pagara lo adeudado. Pero, a día de hoy, todavía no han recibido ni un centavo. A diferencia de Servisoy, no estuvieron entre los proveedores a los que les abonaron mediante préstamos. De Transportes Abarca tampoco quisieron dar declaraciones a este periódico.

Este medio identificó otros proveedores que sí han recibido sus pagos y que cuentan con lazos con altos mandos en Casa Presidencial. Sin embargo, dichos hallazgos serán revelados en una futura entrega.

Una alcaldía con recursos que no llega a final de mes

Pedro, el representante de una de las pequeñas empresas a las que la alcaldía aún les adeuda, se pregunta por qué han decidido dejar de pagarle a una empresa como la suya, que vive en el día a día. Analiza que Soyapango es uno de los municipios con mayores ingresos del país, al contar con decenas de plantas solo en el Bulevar del Ejército, considerado el polo industrial más importante de El Salvador. Además, está el centro comercial Plaza Mundo. En efecto, los ingresos de Soyapango son de unos $40 millones al año, en promedio.

A eso hay que sumarle los préstamos adquiridos durante el gobierno de Montano y la administración que la sustituyó, pues la deuda pasó de $12.59 millones a finales de 2020 a $27.83 en septiembre de 2023.

“La administración de esta comuna debe transparentarle a sus ciudadanos sus finanzas y explicar cuáles son las razones para no cumplir con sus compromisos. A la larga, una mala administración impacta en la calidad de vida de la gente”, dice Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.