A una semana de la captura de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, aún no ha sido remitida a los tribunales de justicia para ser acusada formalmente por los delitos que se le imputan.
Una fuente de los Juzgados confirmó a El Diario de Hoy que aún se está a la espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) presente la acusación contra la funcionaria ante el tribunal correspondiente.
La edil de Soyapango fue detenida el pasado miércoles 28 de diciembre, mientras se encontraba en su despacho.
En un plazo procesal normal, la funcionaria debió haber sido presentada ante un juez el 31 de diciembre, para acusarle formalmente, y para que el administrador de justicia fijara la fecha para la audiencia inicial.
De esto nada se sabe, tampoco si en su caso le han aplicado el régimen de excepción que amplía el plazo para que un acusado sea llevado ante un juez.
Precisamente, abogados señalan que Montano, que llegó a la alcaldía de Soyapango bajo la bandera de Nuevas Ideas, podría estar siendo procesada bajo las medidas del régimen de excepción, dentro del cual la persona debe esperar hasta 15 días para que se presente el requerimiento ante el juez, cuando se debería estar aplicando lo establecido por el Código Penal, que manda un plazo 72 horas dentro de un proceso normal.
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La Fiscalía informó el día de la captura que Montano será acusada de cuatro delitos: Apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos.
Para el abogado Ángel Madrid, dentro del régimen de excepción no se está respetando el debido proceso y se suprime la garantía de inocencia a cualquier persona que es capturada incluso por un delito común.
"El régimen de excepción es una limitación de derechos fundamentales y garantías constitucionales, entonces de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea Legislativa respecto a esta medida, cualquier persona que delinca o que cometa un delito común es procesado dentro de esta medida", señala el abogado.
Madrid explica que dentro de los plazos establecidos en un procedimiento normal se tienen tres días para presentar el requerimiento ante la Fiscalía y luego tres días para programar la primera audiencia, no obstante, debido al régimen de excepción que en sus palabras no es más que el resultado del fracaso de este gobierno en materia de seguridad pública, estos plazos se han extendido en cualquier tipo de captura que se haga durante la vigencia de esta medida.
Para Madrid la captura de la alcaldesa de Soyapango, más que una respuesta al combate de la corrupción, como el gobierno lo ha presentado, responde a una estrategia de beneficio político de cara a una reelección inconstitucional ampliamente denunciada.
"Soyapango es uno de los municipios más grandes del país, en cuanto a población, y en alguna medida, el hecho que se profundizara en el último mes las denuncias del sindicato de trabajadores en el tema de basura y la insolvencia financiera de la alcaldía venía afectar electoralmente al presidente de la República", resalta.
Según su análisis, la crisis en la alcaldía no solo responde a la inexperiencia o ineficiencia de la edil, pues debido a la densidad poblacional el municipio necesita de más recursos para poder funcionar.
"Hay que tomar en cuenta que la falta del FODES, que fue una medida impulsada por Nayib Bukele, es una razón principal de las malas decisiones de los alcaldes en el país, incluyendo a la alcaldesa Montano", acota.
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El experto considera que lo ocurre ahora, a un año de las elecciones, es que el presidente está usando la captura de la alcaldesa de Soyapango "para fortalecer su propia imagen", y lamenta que el gobierno continúe sin resolver el problema de fondo.
"Si revisamos, hay varias alcaldías, como el caso de Sonzacate, donde les deben a los trabajadores municipales varios meses de salarios y les han retenido prestaciones laborales por la falta de recursos", ejemplifica.
Para el experto esta captura responde más a una política que busca beneficiar y fortalecer la imagen de un presidente, que considera deteriorada "sobre todo por los casos de corrupción en los que están envueltos funcionarios del mismo gobierno como el caso de la lista Engels". "¿Por qué no empezar por investigar estos casos?", concluye.
