El pasado 8 de junio, en sesión extraordinaria, el concejo municipal de Chinameca ordenó el traslado de varios empleados de esa comuna, incluyendo cinco empleadas que tienen medidas de protección judicial emitidas por un juzgado contra el alcalde de ese municipio, José Dolores Díaz Mejicanos.
Una de esas medidas es precisamente la prohibición al alcalde Díaz Mejicanos, de realizar acciones, directas o por medio de otras personas, que amenacen la estabilidad laboral de las denunciantes.
Ante el referido acuerdo, la Unidad de Defensa de los Derechos Laborales de las Personas Servidoras Públicas de la Procuraduría General de la República (PGR) envió un documento en el que advierten al concejo municipal de Chinameca, y en particular al alcalde Díaz Mejicanos, que al trasladar a cinco empleadas están incumpliendo tales medidas de protección judicial y que, por tanto, los traslados son ilegales, según fuentes de esa institución y de la alcaldía.
Según las fuentes, el documento enviado por la PGR al concejo municipal les recuerda que existe una resolución del Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres en la cual se les ordena que, como miembros del concejo, tomen acciones para verificar el cumplimiento de las medidas (de protección) y evitar que hayan acciones de represalia contra las denunciantes.
De acuerdo con las fuentes, la PGR advierte que las plazas a las que las cinco denunciantes serían trasladadas no están descritas dentro del presupuesto del 2022, por lo que considera que es necesario que el traslado sea revocado.
El Diario de Hoy intentó conocer la versión del alcalde Díaz Mejicanos y del concejo municipal, sin embargo no fue posible.
Acoso sexual y laboral
En octubre de 2021, cinco empleadas de la comuna de Chinameca denunciaron ante varias instituciones, incluyendo la FGR y el Juzgado antes mencioando, al alcalde José Dolores Díaz Mejicanos, por acoso sexual y laboral.
Ayer, El Diario de Hoy publicó que el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres había prorrogado por un año más, a partir del pasado 23 de mayo, las medidas de protección contra las cinco denunciantes.