La Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC) presentó el 20 de octubre a la Corte de Cuentas una solicitud de autoría de los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Alac especificó que entre los bienes arrendados por el que se ha solicitado la auditoría se encuentra uno con un pago mensual de alquiler por $100,000.
La solicitud de autoría de Alac está basada en una nota periodística publicada en marzo de ese año por La Prensa Gráfica en la revelaba que el TSE suscribió un contrato de arrendamiento de un edificio corporativo localizado en la colonia Escalón por el monto antes mencionado, para el uso de oficinas administrativas.
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La denuncia de Alac señala que el personal administrativo del TSE que sería trasladado al nuevo edificio del cual se sigue pagando el arrendamiento, continúan utilizando los mismos inmuebles anteriores.
Alac además puntualiza que adicionalmente el TSE firmó un contrato de adecuación del edificio con la sociedad acreedora por un monto adicional de $1.6 millones.
Según la información recopilada por La Prensa Gráfica, la autorización para suscribir el contrato fue recibida por la presidenta del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez, en la reunión ordinaria de Organismo Colegiado, del 9 de febrero del 2022.
Sin embargo, en esa reunión el magistrado Julio Olivo se negó a votar a favor del arrendamiento del inmueble. El magistrado explicó las razones por las que no votó e hizo público el costo mensual de alquiler.
Olivo expuso que en primer lugar “debió haber existido competencia para determinar cuál opción de inmueble convenía más a la institución”.
En segundo lugar, “que lo que paguen en canon de arrendamiento deberían descontarlo al precio total de venta” y su tercera objeción fue que “pidió que le mostraran la nota de Hacienda en la que les aseguraran el financiamiento para adquirir el edificio”, publicó el periódico matutino.