Amnistía Internacional rechaza deportación de venezolanos para al Cecot

La organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional denunció el martes la expulsión de 238 venezolanos de Estados Unidos que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. 

“La expulsión de 238 personas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución” señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Los venezolanos arribaron a El Salvador el pasado 16 de marzo y son acusados de ser parte de la banda criminal Tren de Aragua, sin embargo, varios familiares han salido a negar esas acusaciones y aseguran que se trata de migrantes trabajadores.

Ese organismo de derechos humanos denunció que según información pública disponible, las personas venezolanas que fueron expulsadas hacia El Salvador cumplían sus obligaciones en materia de inmigración. 

“De hecho, el propio personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense ha admitido que “muchos” no tenían antecedentes penales y algunos fueron expulsados por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro”, destaca el comunicado. 

DE INTERÉS: Amnistía Internacional denuncia captura de Fidel Zavala y registro a Unidehc

Esa organización señaló que estas expulsiones no constituyen una deportación, un proceso establecido en la legislación estadounidense, sino que “fueron expulsados sin orden de traslado, al parecer para cumplir cárcel por tiempo indefinido en un sistema en el que se ignoran por sistema los derechos humanos fundamentales”.

“El principio de no devolución (non-refoulement), piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, prohíbe de forma inequívoca a los Estados expulsar, devolver o trasladar personas a un país donde corren peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria o tortura y otros malos tratos", subraya la denuncia. 

Por otra parte, Amnistía Internacional señaló que “es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele”. 

“Con el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en Las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el poder ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginadas se presentan como soluciones al crimen”, indicó Piquer. 

La organización defensora de derechos humanos agregó que existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de “seguridad” del presidente Bukele y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad. 

“Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios”, señaló. 

“En El Salvador, esta discriminación va dirigida contra quienes viven en comunidades empobrecidas y quienes tienen un empleo precario, educación limitada o tatuajes visibles. De igual modo, en Estados Unidos, personas venezolanas que huyen de la penuria y buscan seguridad son calificadas de delincuentes”, manifestó. 

Amnistía Internacional asegura haber documentado las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, en su informe señalan hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados.