La fracción de Nuevas Ideas y los partidos aliados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria, que tiene como propósito regularizar los precios de comercio de productos del agro y fomentar la producción local.
“El objetivo del centro sería el abastecimiento de productos agropecuarios locales a nivel nacional “administrando una reserva estratégica de agroproductos agrícolas”, reza la propuesta, aunque ha sido cuestionada por los sectores locales del rubro.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, señaló que por qué se estaba buscando crear un nuevo instituto que asumiría las funciones que de ley le corresponden al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El Centro de Desarrollo tendrá la facultad de administrar las centrales que abastecerán “mercados públicos, privados o mixtos”. El Centro sería dependencia del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y sus impactos meta de la implementación, según el comisionado, son la economía circular, conciencia ambiental y la mejora del suelo.
Sobre el subsistema de mercados, el Ejecutivo pretende que haya comercialización en el área pública, privada, comercios mixtos e internacionales.
La propuesta establece que el Sistema Nacional de Abastecimiento estará conformado por subsistemas de agroproductores, centros de cosecha, centrales de abasto, logística y mercados, cuyo mapa de referencia del sistema nacional de abastecimiento agropecuario se desglosa según la imagen.
Para Santa Ana se prevé una proyección de 10 años con un mercado, en Ahuachapán de la misma manera, y en Sonsonate se prevé un mercado una zona de agrocultivos.
En Chalatenango se proyecta el trabajo con agrocultivos y un mercado, en La Libertad se cuentan proyecciones a cinco años y la producción de cultivos. Entre La Libertad y San Salvador se proyecta un mercado, y en este último departamento se espera una proyección de cinco años.
En Cuscatlán, Cabañas y La Paz se proyecta un mercado para cada departamento. En San Vicente se espera una proyección de trabajo de diez años y un mercado.
En la zona oriental se esperan agrocultivos en Usulután y entre San Miguel y Morazán.
En San Miguel se espera tener proyecciones a cinco años y en La Unión a diez. Todos estos departamentos contarán con sus respectivos mercados de productos locales.
La Mesa Agropecuaria Rural e Indígena y la Asociación Cámara de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) consideran que este proyecto de ley no ayudará a solucionar los problemas estructurales que ha enfrentado el sector desde mediados de 2021.
Los problemas a los que se refieren incluyen las constantes alzas en los insumos agrícolas, que han derivado en una disminución de la producción nacional y, más recientemente, los eventos climatológicos como el fenómeno de El Niño que también amenaza con mermar aún más los cultivos de granos básicos.
“Se ha buscado a todos los sectores (del agro). Abordamos a 25 cooperativas y a más de 60 instituciones representadas por diferentes gremiales del rubro”, aseguró el comisionado presidencial, Cristian Flores, el pasado 21 de agosto. Según Flores, el proyecto lo validaron la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y UNICEF.
La diputada Dina Argueta cuestiona que se promoverá la comercialización sin haber apostado antes a la producción local.
“La ley por sí misma habla de comercializar y no cómo aumentar la productividad del agricultor, para comercializar necesitas un producto y hoy no va a haber producto en el país porque no hubo una apuesta por esto”, señaló Argueta.