Representantes de cuatro organizaciones sociales denunciaron ayer la pasividad y el encubrimiento en casos de denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños cometidas por sacerdortes.
“Tenemos más de 10 años de estar denunciando el abuso y acoso sexual por parte de la curia de la iglesia (católica) salvadoreña, lo cual implica un encubrimiento por parte de la jerarquía”, manifestó Paulita Pike, representante de la Asociación Cultura Romeriana.
#ElSalvador | Organizaciones denuncian la pasividad y el encubrimiento de la jerarquía católica salvadoreña en casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños víctimas de sacerdotes. Video EDH/Lissette Lemus pic.twitter.com/EfoxghjMJN
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) July 4, 2024
Pike explicó que han dado seguimiento a un caso en el cual la víctima presentó una denuncia ante el Obispo de San Vicente en 2011, por la presunta violación sexual cometida por un sacerdote de esa diócesis, pero hasta ahora no ha tenido respuesta por parte de las autoridades eclesiásticas.
La jerarquía de la iglesia católica de El Salvador ha manifestado su disposición a no tolerar abusos por parte de sacerdotes o religiosos, tal como lo ha exigido el Papa Francisco. En los últimos años, han suspendido a varios religiosos, y algunos de ellos enfrentan procesos judiciales.
En febrero de 2023, las autoridades suspendieron a un párroco la Arquidiócesis de San Salvador acusado de abusos sexuales. Meses después, otro cura fue detenido acusado de delitos similares.
En tanto, Pike manifestó: “Hemos ido tres veces a presentarle al Obispo Elías Rauda el caso de ella, en 2011, 2023 y este año, pero simplemente nos ignora. Es un caso del que ya tienen conocimiento el Vaticano, porque hemos visto que aquí en El Salvador el encubrimiento en la jerarquía de la iglesia es total”.
La denuncia a la que Pike se refiere está relacionado a la violación sexual de una niña de 12 años por parte - supuestamente - de un sacerdorte designado a un colegio católico.
La víctima relató que era estudiante de séptimo grado cuando fue acosada y obligada por el religioso a tener relaciones sexuales. Posteriormente, el agresor la amenazó para que no le dijera a nadie lo sucedido.
La abogada Roxana Cardona, representante de la Asociación Justicia Social y Controlaría Ciudadana, explicó que los abusos se dan bajo el silencio y la complicidad de la iglesia, como institución.
“El problema es que no estamos encontrando que la iglesia católica tenga un papel protagónico para parar este tipo de abusos. No es posible que la iglesia, que fomenta valores, esté callando este tipo de situaciones”, manifestó.
“Estamos denunciando este silencio cómplice de parte de la iglesia Católica y la complicidad de las autoridades eclesiales de que no se llegue a un término procesal”, agregó.
Los representantes de las organizaciones denunciantes manifestaron que han tenido conocimiento de al menos 100 víctimas de violencia sexual cometidas por los sacerdores a nivel nacional, pero este número podría ser mayor.
Emperatriz Flores, abogada y representante del proyecto Unidas, hizo un llamado a todas las mujeres que han sido víctimas de abuso o acoso sexual por parte de líderes católicos, que se acercen para denunciar ante las instancias judiciales.
“Quiero hacerles llegar un mensaje a todas aquellas mujeres que están siendo víctimas de esta situación que denuncien, que activen el sistema judicial y que sus casos no queden impunes”, declaró Flores.
La abogada explicó que a través del proyecto Unidas, con el apoyo de Abogados sin Fronteras de Canadá, identificaron un caso de violación sexual agravada cometida por un sacerdote de Sonsonate, el cual está siendo judicializado.
La joven fue víctima de violación cuando tenía 15 años de edad y por el momento el caso penal se encuentra en la etapa de apertura a juicio.
“Esperamos que se haga justicia a la víctima y que este caso no quede en la impunidad, todo ello a pesar de los prejuicios y obstáculos”, dijo Flores.
Los denunciantes recordaron que en 2019 el Papa Francisco aprobó una nueva ley eclesiástica que exige que los sacerdotes y las monjas denuncien los abusos a las autoridades de la Iglesia, sin embargo, en el país eso no ha funcionado.