Los afectados en el caso COSAVI presentaron este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal en contra de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), por los delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
"Este aviso penal se está presentando en contra de la Superintendencia del Sistema Financiero y la ingeniera Evelyn Gracias, debido a que desde septiembre de este año se presentaron una serie de escritos, primero exigiendo transparencia en el tema de cómo iban a devolver los fondos de casi 125 personas y sus familias", dijo el abogado defensor Rudy Joya, representante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc)
Joya señaló que a la fecha esos escritos no han sido contestados por parte de la SSF y que ha finalizado el plazo establecido por la ley para emitir respuesta.
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Entre las interrogantes que solicitaron está que se esclarezca la base legal para que esta dependencia esté administrando los fondos de una cooperativa privada de ahorro y crédito, y cuál es la facultad que tiene, además, para poner en reserva la información del caso.
"Es importante también mencionar que ha habido una manipulación en cuanto al tema y la información que se ha vertido, pues la reserva se da en el proceso penal, no en procesos administrativos", expuso.
Rudy puntualiza que, al no contestar el escrito y al no haber una base legal para que la SSF administre los fondos privados, es ahí donde se materializa el delito de actos arbitrarios.
En tanto, el incumplimiento de deberes se da puesto que a la fecha a ninguno de sus representados se les ha dado audiencia para conocer información de su dinero.
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"No les han atendido en las oficinas de ninguna institución que está pendiente de este caso, incluyendo la Fiscalía", expuso.
Joya agregó que además se está presentando una carta con una petición especial para el Fiscal General Rodolfo Delgado, solicitando "atender a las verdaderas víctimas".
"Estamos en una etapa de instrucción del proceso penal y la Fiscalía debería estar investigando todas las diligencias correspondientes", añadió.
Juan José Ortiz, vocero de los afectados, señaló que hace tres meses fue la última vez que la SSF habilitó la última capa de devoluciones hasta por $25 mil de los dineros de las personas ahorrantes.
Ortiz criticó la reserva de información declarada a inicios de noviembre y rechazó que se haya reintegrado el dinero al 78.2% de los asociados, como lo ha manifestado la Superintendencia.
"Rechazamos categóricamente ese dato, por ejemplo, tenemos afectados que tienen $10,000 en certificados de aportación y no se los han entregado, porque el certificado de aportación no es un producto que está en la mesa de discusión para devolver", expuso.
Asimismo señaló que, después de tres meses de espera, nuevamente ha vuelto a surgir el miedo, la ansiedad, el estrés entre los afectados, quienes temen perder sus ahorros.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado declaró reserva total en el caso el pasado 6 de noviembre, relacionado con el millonario desfalco de la cooperativa contra sus ahorrantes, que ronda los $35 millones.
Según la FGR, el juzgado lo hizo amparándose en la "potestad que le da el Código Procesal Penal", en el artículo 307. También hizo referencia a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, que obliga a las partes involucradas a mantener la confidencialidad de "todos los datos e información recabados".