Representantes de la organización Afectados COSAVI, que reúne el caso de más de 100 personas víctimas por el desfalco de $35 millones en esta cooperativa, presentaron el miércoles un escrito al comisionado presidencial de Derechos Humanos, el colombiano Andrés Guzmán Caballero, para pedirle que se pronuncie ante la transgresión a derechos fundamentales de las víctimas.
"Ya no solo se violan derechos económicos y patrimoniales, sino que ya se violan otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vejez digna", dijo José Ortiz, representante legal de la organización.
Ortiz se refirió además a la muerte de tres asociados de COSAVI que han fallecido durante las investigaciones a la cooperativa; expone que esta cifra puede aumentar en medio de un proceso sin transparencia y sin respuesta para los afectados.
"Hoy, la idea de presentar este escrito es exigir al comisionado presidencial (que) reconozca la tutela de esos derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y la vida, dado que el Estado salvadoreño es firmante de Convenios Internacionales en esta materia", manifestó en una conferencia de prensa.
Lee también: Afectados por COSAVI piden intervención del FBI para resolver el caso
Asimismo, señala que ya se han presentado escritos a la Superintendencia del Sistema Financiero señalando que, de no permitir a los asociados acceder a sus fondos, la vida de muchas personas con enfermedades crónicas corre peligro.
Lamentan además que, a seis meses de que la Fiscalía informó sobre las investigaciones a la cooperativa, Guzmán Caballero no se haya pronunciado.
"Él puede argumentar que desconoce el caso, entonces queremos darle a conocer el caso y que se pronuncie sobre esos derechos que se nos han violado, incluso el derecho a la información, que es un derecho humano fundamental desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, y que se nos ha violentado con la última decisión fiscal arbitraria", apuntó.
Guzmán Caballero recibió el cargo de comisionado presidencial de Derechos Humanos por parte del mandatario Nayib Bukele en mayo de 2023; la Fiscalía General de la República ejecutó 32 detenciones de personas relacionadas con el caso en mayo de 2024, ya con el funcionario en su cargo.
Más de 100 afectados exigen que se reconozcan sus derechos
El abogado defensor de COSAVI y representante de Unidehc (Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios), señala que son 120 personas y familias las que están representadas en el escrito.
"En el caso COSAVI se ha vulnerado gravemente el tema de derechos humanos, uno de ellos, precisamente como establece el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el derecho a la propiedad", explica.
Agrega que los afectados no han podido tener control o administración de los fondos que por años han estado ahorrando, que son parte de sus pensiones o producto de su trabajo.
"No vemos ningún tipo de transparencia en cuanto a la información que las instituciones oficiales brindan, como por ejemplo la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). A la fecha hay escritos que la Superintendencia no ha contestado, ya se le están venciendo los plazos para dar una respuesta de manera legal", expuso.
Joya señala que, con la aprobación por parte de la Presidencia de la República del decreto 23 que nombra a un delegado presidencial en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el mismo Estado le da la facultad a esta figura para poder incluso establecer una mesa de diálogo en la que participen, en este caso, las instituciones que consideran están transgrediendo estos derechos y los afectados.
El jurista cuestiona que los fondos de COSAVI estén siendo administrados por la SSF, y que sea esta misma entidad la que "no explica por qué están administrando una cooperativa que debería de seguir funcionando de manera autónoma con sus asociados".
Además: Tribunal declara reserva total en caso COSAVI
Para el abogado, la SSF también debe explicar a los afectados cuál es el proceso para estar autorizando la liberación de capas de montos para un grupo de personas y para otras personas no.
"Esa falta de transparencia y negligencia es lo que también estamos documentando acá y se lo estamos presentando al comisionado (Guzmán Caballero), para que en base al decreto 23 que aprobaron desde la Presidencia para que existiera en El Salvador un comisionado delegado de Casa Presidencial para proteger derechos humanos en El Salvador, responda entonces a estas necesidades que tiene hoy este grupo de la población", añadió.
Sobre la reserva total de la información sobre el caso COSAVI dada a conocer la semana pasada, Joya señaló que la reserva en materia legal es para los procesos penales, no para los procesos administrativos ante una Superintendencia.
"Eso no debería de tener reservas y peor si las personas que tienen congelado su dinero son las víctimas de ese proceso penal. Aquí pareciera como que las víctimas también son investigados", apuntó.