¿Te imaginas irte a dormir y despertar al día siguiente con la noticia de que la casa y las tierras donde vives dejarán de ser tuyas? Esto está por ocurrirle a Clelia Villalobos, una habitante de la comunidad Flor de Mangle, en Conchagua, La Unión. Perderá todo por lo que su familia trabajó por más de 20 años desde que llegaron a este territorio. Ahora son amenazadas por la construcción inminente del Aeropuerto del Pacífico en los próximos meses.
Siente frustración y enojo. Tiene el piso del corredor de su casa a medias, con una mezcla de cemento junto un agujero que quedó sin rellenar en el piso. Esos sentimientos los tiene desde que llegaron a decirle en 2022 que no podría seguir construyendo.
Ella tiene 56 años y vive en este lugar desde hace 17, cuando se casó con su ahora esposo, Salatiel Bautista, un pescador especialista en extraer crustáceos del manglar.
“Vienen a decirnos de repente ‘ya no sigan trabajando porque vamos a construir el Aeropuerto del Pacífico’. Se escucha bien difícil”, explicó consternada. Observa el resto de su casa. No solo se preocupa por su vivienda, sino también por su fuente de trabajo.
Desde que se escucharon los rumores de estos megaproyectos y que el Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), compraría los terrenos, los dueños de parcelas cercanas, que no serán afectados por dicha construcción, decidieron subirle a los precios de las tierras para sacarle el mayor lucro, según explican habitantes entrevistados en Flor de Mangle y Condadillo.
Al parecer a este juego no solo entran propietarios locales, sino también grandes inversionistas extranjeros y nacionales; sumados a la diáspora salvadoreña que colocó sus ojos en estas tierras.
Los locales afectados temen que esta tierra ya no les pertenece y serán desplazados del lugar que desde siempre conocieron. La construcción del aeropuerto es parte de una promesa presidencial para potenciar el turismo y que conectará con los megaproyectos del Tren del Pacífico, a un astillero del puerto de La Unión y al ostentoso proyecto Bitcoin City en Conchagua.
Por ejemplo, don Elmer Martínez, un líder de la comunidad, señaló que la autónoma le ofreció hasta 8 mil dólares por parcela, un equivalente a 10,000 metros cuadrados. Pero él calcula que sus terrenos, los cuales cuidó por muchos años, tienen un valor más alto. No solo el dinero, es también el aprecio que le tiene al lugar donde vivió por décadas. También son fértiles y bondadosas para el ganado y la agricultura debido a su agua subterránea, mientras que otros son áridos y sin capacidad de siembra.
Cotizaciones que los mismos afectados realizaron apuntan a que ahora los precios ascienden desde los 25,000 hasta 50,000 dólares por parcela, cuando antes de que llegara la idea de un aeropuerto no subían de los $12,000. “Los solares los han puesto carísimos, ¿a dónde vamos a encontrar un solar barato? Hasta los más remotos: ¡A $25,000!”, exclama Clelia, indignada.
El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas Ancestrales, conglomerado que apoya a poblaciones afectadas por megaproyectos como este, advirtió con preocupación que el desplazamiento de personas y encarecimiento a la tierra de los campesinos de Condadillo y Flor de Mangle responde a intereses económicos de algunos pocos, ya que serán ellos quienes se tomen estos lugares para construir hoteles y negocios enfocados al turismo extranjero.
Ángel Flores, representante del movimiento, explicó que a toda la franja aledaña a la construcción han llegado inversionistas extranjeros y nacionales ligados al turismo hotelero y residencial, que ya están comprando terrenos a campesinos para luego poder venderlos a un precio elevado o realizar otras construcciones. Teme que en un tiempo no muy lejano los habitantes originarios no vivan más en la zona.
“El aeropuerto servirá para el inversionista extranjero y el mercado especulativo. Desde el anuncio del aeropuerto se está haciendo un proceso de ‘turistificación’ que consiste en que los bienes y servicios de una comunidad se ponen a disposición del turismo extranjero y esto da otro resultado que es la gentrificación”, comentó.
Nuevas casas: pero, ¿dónde?
En noviembre de 2022, la ministra de Vivienda Michelle Sol, y el presidente de CEPA, Federico Anliker, se reunieron con aproximadamente 53 de las 277 familias afectadas de Condadillo y Flor de Mangle para informar sobre un proyecto habitacional como compensación al desplazamiento y despojo de las tierras. Sol se mostró preocupada porque este gobierno sería el responsable de reavivar la zona a través del aeropuerto y que todos -los debidamente censados- tendrían “viviendas adecuadas, seguras y propias a las familias”, dijo.
En abril de 2022, siete meses antes de la visita de la ministra, personal del Ministerio de Obras Pública (MOP) llegó a casa de Clelia y Salatiel. Estas personas midieron su propiedad y mantuvieron una reunión con la familia.
“Nos dijeron esa vez que nos iban a pagar el dinero del terreno y que nos iban a dar una casa, pero ahora resulta que ya no. Cuando les pregunté a dónde sería esa reubicación, dijeron que no sabían”, comentó.
“Aquí están trabajando bajo el agua y lo hacen a escondidas”, comentó Salatiel. A esta familia le ofrecieron $7,000 por parcela y explicaron que una tierra fértil, a este precio que ofertan, en otro lado “no la van a encontrar”. Escuelas, unidades de salud, son otras de las promesas gubernamentales.
Para construir su casa, Clelia y Salatiel trabajaron por 20 años y aún se sigue edificando, hasta el punto de que una de sus hijas emigró hacia Estados Unidos para conseguir más dinero y lograr terminarla. No son los únicos en la zona. “Si yo pudiera comprar esos terrenos a la mitad de ese precio con el dinero que me den por el que tengo, ¿con qué dinero voy a construir mi casa? Hay que poner agua, luz… ¿Dormimos bajo un plástico?”, continuó.
Los precios de los inmuebles se determinan a través de valuadores del Sistema Financiero, según lo estipula el artículo 15 de la Ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto internacional Pacífico aprobada en junio del año pasado. Ese mismo, día $12 millones fueron incorporados al MOP para la ejecución de la primera etapa del proyecto, provenientes del Ministerio de Hacienda.
La molestia de este pescador dista mucho de la nota que publicó Vivienda en esa ocasión: “Las familias se mostraron agradecidas y con esperanza al conocer los detalles del proyecto habitacional y el proyecto del Aeropuerto del Pacífico”.
Entonces, vale preguntar: Si hay terrenos existentes para construir nuevas casas para los afectados, ¿por qué no ocupar ese territorio para levantar el aeropuerto? En los caseríos eso mismo se cuestiona.
Estos lugares resultaban ser poco conocidos hasta que resultó ser territorio de interés para Bukele y promesa de campaña si llegaba a la presidencia, que según sus expectativas se implementaría durante este periodo presidencial, pero la realidad fue otra.
El 12 de junio de 2023, en una entrevista en Frente a Frente, el nombrado comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, señaló que este megaproyecto junto al Tren del Pacífico, se ejecutaría en el segundo período de su mandato de llegar a perpetuarse en las elecciones del 2024. Algo que varios analistas y la propia Constitución señalan de inconstitucional.
“En cuanto al factor tiempo, veremos estas gestiones de este proyecto, para en un segundo mandato ver ya la parte de concretización”, explicó Flores.
En la memoria de los habitantes está cómo Flor de Mangle y Condadillo nacieron de la división de una gran hacienda llamada Condadillo, que durante la reforma agraria fue repartida entre campesinos de entonces; algunos se quedaron a vivir ahí y otros vendieron sus propiedades. Con el tiempo fue repoblado por desplazados de la guerra, como Salatiel y don Elmer. Ahora, están al borde de otro desplazamiento.