Con 66 votos, la Asamblea Legislativa dio luz verde a un refuerzo de $12 millones para la primera etapa de la construcción del Aeropuerto del Pacífico, que se ubicará en el oriente del país.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo ingresó al pleno legislativo con dispensa de trámite y de forma exprés la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados avalaron reformar la Ley de Presupuesto 2022 para incorporar dichos fondos al Ministerio de Obras Públicas (MOP), el cual está facultado para apoyar a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en el proyecto.
Según el decreto, el monto proviene de excedentes en la recaudación fiscal “en algunas fuentes específicas de ingreso a las estimaciones programadas al mes de mayo”.
Añade que "dinamizará el desarrollo económico-social de la zona oriental del país; incentivando la creciente demanda de pasajeros vía aérea en el exterior, promoviendo el turismo, además de la activación del Puerto de La Unión".
Sin embargo, ecologistas han cuestionado el proyecto al señalar daños ecológicos que este podría implicar en la zona donde se pretende edificar, además ha generado incertidumbre entre los pobladores, debido a que temen que el gobierno podría desalojarlos.
Un ejemplo de ello son los habitantes de la comunidad Flor de Mangle, ubicada entre La Unión y Conchagua, en la cual viven alrededor de 1,000 familias que se verían afectadas si se construye dicha terminal aérea, pues han asegurado que ya han recibido la visita de empleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que han tomado medidas del terreno.
Advierten sobre posible corrupción
El proyecto del aeropuerto junto al del tren del Pacífico, así como la construcción de penitenciarias han sido también cuestionados por diversos sectores y diputados de oposición por saltarse los controles estipulados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)
Acción Ciudadana y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) advirtieron en mayo pasado que dichas obras podrían prestarse a actos de corrupción o abrir la posibilidad de injerencia extranjera en su ejecución.
En un informe que las organizaciones presentaron señalaron la falta de transparencia en dichas proyectos para los que la Asamblea a petición del Ejecutivo aprobó leyes especiales que omiten el control y la fiscalización de la ejecución de fondos públicos.
Además, destacaron "graves retrocesos en materia de transparencia" al manifestar que no hay acceso a información completa sobre dichos proyectos, pues los datos disponibles son escasos.