Al menos seis vacíos contiene la reciente Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional aprobada, en julio, por la Asamblea Legislativa; debido a ello presentarán un paquete de reformas, explicó Alberto Velásquez, director de las Comunidades de fe Organizadas para la Acción (Cofoa), durante la entrevista de TVX de este jueves.
Uno de los principales vacíos que señala el representante de Cofoa es que en el inciso final del artículo 2, la ley establece que en caso de duda de la aplicación de las exclusiones se remitirán las consultas a las autoridades que correspondan, pero los legisladores no indicaron a qué autoridad específica deberán ser remitidas.
“Nosotros en la propuesta de reforma estamos pidiendo que, en caso de duda en la aplicación de las exclusiones, sea al Ministerio de Vivienda, quien se auxiliará de las instituciones competentes, el que dirima o remita las consultas necesarias”, explicó.
El director de Cofoa expuso que tampoco se ha tomado en cuenta qué pasará con aquellas personas a las que se les vendió lotes en zonas de riesgos y que deberán ser desalojadas.
“No se dice si se van a indemnizar porque ellos de buena fe compraron un lote en una zona de riesgo. Lo que se busca es que se subsane y se compense el valor del inmueble más una indemnización en concepto de responsabilidad civil”, dijo.
El director de Cofoa aclaró que todos los casos que ellos están apoyando son de personas que han pagado sus lotes y que recibieron un recibo de cancelación, pero al momento de escriturar fueron informados que las lotificaciones no cumplían con los requisitos establecidos por la ley.
En muchos de los casos, las lotificaciones se encuentran en zonas de alto riesgo, solo Argoz vendió unas 600 lotificaciones en estado irregular y ahora los lotehabientes no pueden escriturar.
Asimismo en la propuesta de reformas, que será presentada en los próximos meses por Cofoa, proponen la creación de una delegación conformada por el Centro Nacional de Registro y Catastro para agilizar los procesos de inscripción y legalización.
Por otra parte, en la ley aprobada no se contempló el cobro de tasas e impuestos municipales, ni tampoco instrucciones de diligencias de aceptación de herencia sobre lotificaciones.
“Estamos buscando que la nueva ley sea clara para que los lotehabientes tengan seguridad jurídica de poder tener sus escrituras” aseguró Velásquez.
Según datos proporcionados por la ministra Sol en la Comisión de Obras Públicas son 350,000 familias afectadas con esta problemática.
“Las instituciones de gobierno no están trabajando correctamente, no hay reglas claras ni lineamientos que permita que haya una agilidad en los procesos de regularización y legalización y que la gente obtenga escrituras” puntualizó Velásquez.
Mesa lenta
En julio de 2021, los líderes de Cofoa entregaron en Casa Presidencial 900 cartas para solicitar el apoyo del presidente de la República, Nayib Bukele, para resolver el tema de las lotificaciones, lo que llevó a la creación de una mesa técnica con la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Michelle Sol
Esa mesa fue integrada por el Ministerio de Vivienda, el Centro Nacional de Registro (CNR), la Fiscalía General de la República (FGR) la Defensoría del Consumidor, sin embargo, para Velásquez, no se han obtenido los resultados esperados, pues solo se ha tenido respuesta en ocho casos, de las 75 lotificaciones presentadas para estudio.
“Nunca ha habido una respuesta real de las 7,500 familias que nosotros representamos (...) estamos preocupados que ya van dos años y no hemos tenido una respuesta” expresó.
Velásquez explicó que una de las mayores limitantes es que cuando han citado a las lotificaciones a la mesa técnica, nunca coinciden los representantes de todas las instituciones que la conforman, lo que atrasa los procesos.
DOM no ayuda a comunidades
Cofoa está integrada por 130 comités comunitarios en 11 departamentos a nivel nacional y el director de esa organización manifestó que uno de los mayores problemas que enfrentan las alcaldías para llevar proyectos a las comunidades es la falta de fondos.
El gobierno de Nayib Bukele quitó a las alcaldías el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y centralizó los fondos municipales en la Dirección de Obras Municipales (DOM) sin embargo, este no está llegando a las comunidades.
“El problema es que acudimos a los alcaldes y siempre nos dicen que tienen dinero y la realidad es que no tienen fondos, los fondos los maneja la DOM”, expresó Velásquez.
El director de Cofoa explicó que la DOM solo realiza cuatro proyectos al año por municipio por lo que hay comunidades que definitivamente nunca les llegará un proyecto.
Las Adescos (asociaciones comunales) también quedaron desprotegidas porque no son tomadas en cuenta para poder presentar una petición de proyecto, de manera directa ante la DOM.
“Las Adescos se sienten defraudadas y frustradas porque todos los esfuerzos que hacen también son minimizados”, manifestó el director del Cofoa.