Tres sujetos acusados de extorsionar haciéndose pasar como integrantes de un cártel de drogas mexicano fueron enviados a prisión mientras son investigados por acusaciones de lavado de dinero y activos, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
A Óscar Elías García Rivera y José Otoniel Meléndez les fue decretada la prisión preventiva. A Óscar Alejandro Tario Blanco también, a pesar de no haber sido capturado aún. Según la Fiscalía, todos son parte de una red liderada por extranjeros para extorsionar en El Salvador.
Presuntamente, los acusados contrataban a empresas que brindaban servicios como instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros. Pactaban el precio y daban una dirección para que los equipos de trabajadores llegaran.
Al llegar, los trabajadores de las empresas se comunicaban con los contratantes (los imputados) puesto que la dirección en la que fueron citados no existía.
Luego, los acusados les decían que se encontraban en un terreno "dominado por el Cártel de Jalisco y vigilados por francotiradores", una organización dedicada al narcotráfico y tráfico de armas surgida en México, y les exigían $5,000 a familiares o conocidos de los trabajadores, que debían depositar en cuentas bancarias para liberarlos.
Un caso
La Fiscalía indicó que desde 2024, la red de extorsionistas participó en unos 28 casos bajo esa modalidad e identificó que los supuestos cabecillas de la red “son de diferentes nacionalidades y operaban desde el extranjero”.
Además, identificó 36 números telefónicos (entre mexicanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses y hondureños) que coordinaban los movimientos de la estructura a través de WhatsApp.
El ministerio público informó que ha pedido inmovilizar fondos de unas 61 cuentas bancarias pertenecientes a 47 personas, en las que se habrían depositado $76,719 presuntamente de origen ilícito.
Los acusados, sin embargo, son vinculados hasta el momento con solo un caso en el que una persona les depositó $20,782 para evitar que mataran a un grupo de trabajadores.
El dinero fue depositado en cuentas salvadoreñas y luego supuestamente repartido en otras en México, Colombia y Ecuador, sostiene la Fiscalía
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