Un estudio presentado por Acción Ciudadana revela bajo nivel de transparencia en los presupuestos de instituciones de control del Estado. El análisis se enfocó en las asignaciones del gasto para el ejercicio 2023, con el fin de determinar el nivel de satisfacción de las necesidades presupuestarias y el uso de los recursos.
Las instituciones a las que evaluaron fueron la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la Corte de Cuentas de la República (CCR); y el Órgano Judicial.
Acción Ciudadana solicitó a las instituciones públicas su techo presupuestario, el proyecto de presupuesto y el aprobado para 2023, el plan operativo anual y documentos base del mismo.
“Menos de la mitad de la información solicitada fue proporcionada, los entes que proporcionaron más información fueron la PDDH y el TEG, pues únicamente declararon inexistente el plan operativo anual de 2023 por estar en formulación y proporcionaron el resto de la información; siendo también los únicos entes que a la fecha de la observación habían cumplido su obligación de publicar el presupuesto asignado para el ejercicio 2023 en el portal de transparencia.”, explica el informe.
En el caso del IAIP, FGR, CCR, y el Órgano Judicial, estos remitieron a consultar el Diario Oficial en el que se publicó la Ley de Presupuesto General de la Nación para este año, sin embargo, a la fecha en que los integrantes de Acción Ciudadana consultaron dicho enlace, la información “no se encontraba disponible”.
De las siete instituciones, ninguna entregó su plan operativo anual 2023. El IAIP, la FGR y la CCR, son las entidades que menos documentos entregaron.
“Por una parte, el IAIP, ente garante del acceso a la información, ha denegado acceso a datos sobre la formulación de su necesidad presupuestaria, y por otra, la FGR no proporcionó información alguna”, añaden sobre la parcial transparencia de las instituciones.
Según Acción Ciudadana, la Fiscalía dio por reservado su techo presupuestario y el proyecto de presupuesto de este año, el plan operativo anual y los documentos bases del presupuesto. El IAIP no entregó el proyecto de presupuesto tampoco el plan operativo anual ni el documento base del presupuesto 2023 y la CCR declaró como reservado el proyecto de presupuesto anual y el plan operativo anual lo dio como inexistente.
“Aun tratándose de información presupuestaria, tanto la FGR como la CCR declararon reservas sobre el proyecto presentado al Ministerio de Hacienda, y en el caso de la FGR también sobre el resto de la información, salvo la Ley del Presupuesto General de la Nación”, amplían en el informe.
LEA: Entidades que deberían controlar al Ejecutivo son leales a ese poder, según expertos
Bajo presupuesto ejecutado
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, durante la presentación del informe, explicó que las instituciones que sometieron a estudio no suelen ejecutar todos sus fondos asignados anuales: “Tenemos instituciones con un 80% de fondos de ejecución con incremento en su presupuesto”, dijo.
En el caso de la Fiscalía no ejecutó la totalidad de su presupuesto en 2021 que fue de 111 millones de dólares, de eso ejecutó el 68% es decir, $75.6 millones; para 2022 se le asignaron 129 millones de dólares, ejecutando solo el 72%, es decir $92.5 millones.
La PGR no ejecutó el 100% de su presupuesto en 2021, de $38.2 millones ejecutó $36.1 millones, es decir el 95%, pero para 2022 recibió $36.4 millones, es decir obtuvo una reducción en el presupuesto y esta vez ejecutó el 100%.
La PDDH, en 2021 y 2022 no ejecutó todo su monto asignado. En 2021 recibió $10.9 millones y ejecutó el 70.78%; mientras que para 2022 recibió 12.4 millones de dólares y ejecutó el 99.19%.
En el caso del IAIP, para 2021 recibió $2.1 millones y ejecutó el 95%; en 2022 obtuvo $2.4 millones y ejecutó el 100%. En el caso del TEG, para 2021, de $3.2 millones ejecutó el 87.81%; y para 2022, con el mismo presupuesto, ejecutó el 90%.
La Corte de Cuentas recibió el mismo presupuesto de 48.7 millones de dólares para 2021 y 2022. En el primer año ejecutó sólo el 89.73% y en el último, el 93.02%.
Finalmente, el Órgano Judicial en 2021 recibió un total de $349.50 millones, de los cuales, se ejecutó el 81.41%; el siguiente año su presupuesto aumentó a $393.5 millones y ejecutó el 82.47%.