El régimen de excepción podría poner en aprietos las finanzas de algunas de las instituciones involucradas en su aplicación, entre estas las de la Fiscalía General la República (FGR) y de la Procuraduría General de la República (PGR) que han reportado demanda en su carga laboral en ese marco y que el presupuesto para este 2022 no es suficiente para atender tal situación.
Así lo concluyó el informe: "Asignación presupuestaria a instituciones de control del periodo 2015-2022" que presentó este jueves Acción Ciudadana y que investigó el plan de gastos que han recibido la FGR, PGR, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), la Corte de Cuentas, el Órgano Judicial, Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
"Un presupuesto general del Estado con pocos recursos para instituciones de control, sin duda pueden indicar que la apuesta gubernamental no va enfocada en prevenir la corrupción, perseguir el delito, en generar condiciones de transparencia ni administrar justicia de forma adecuada", dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización de la sociedad civil.
Pese a que este año, el presupuesto de la Fiscalía fue de $113 millones y aumentó en $3 millones a comparación del 2021, Escobar señaló que "no es suficiente para la necesidad institucional", pues esta requiere de "más recursos para seguir el delito".
Indicó que la FGR es de las entidades involucradas en la seguridad pública y la que tiene el menor presupuesto asignado.
Solo en este 2022, la FGR obtuvo el 1.42% del plan de gastos aprobado por la Asamblea Legislativa, mientras a la Policía Nacional Civil (PNC) le fueron asignados el 8% y a la Fuerza Armada el 3.22%. Similar ocurrió en 2021 cuando al ministerio público le fueron destinados el 1.49% versus a los 8.54 a la PNC y el 2.95% al Ejército.
"Lo que vemos es que el brazo de investigación y de acusación del Estado es el más débil presupuestariamente hablando y esto puede tener un impacto en la investigación del delito, en la eficacia de la investigación del delito. Uno podría preguntarse ¿por qué la Fiscalía es la que tiene menos recursos si es la que va a investigar y a fundamentar una acusación?", cuestionó.
Escobar advirtió que la situación de la FGR podría complicarse con las masivas detenciones registradas durante el régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo.
"Con el tema del régimen de excepción también hay 16 mil detenidos, según fuentes oficiales, la pregunta es ¿tendrá la capacidad para atender ese exceso de demanda y poder fundamentar bien los casos y llevarlos a un tribunal para que se compruebe la participación de esas personas en delitos?", se interrogó.
Aumenta la asistencia legal
Similar situación enfrenta la PGR, otra de las instituciones que durante el régimen de excepción ha superado el número de asistencia legal proporcionada a la ciudadanía.
De acuerdo con Escobar basado en datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto de esta procuraduría disminuyó en $2.8 millones para este año, mientras en 2021 su plan de gastos asignado para esa ocasión no fue ejecutado en su totalidad.
Pero al referirse al trabajo que ha desarrollado la PGR en el marco del régimen de excepción dijo que desde el 27 de marzo hasta el 15 de abril había atendido 11,868 asistencias legales cuando en el primer trimestre de 2021 fueron 10,904.
“Sumémosle que hay una disminución de su presupuesto y tenemos el incremento en su demanda. Preguntémonos ¿si va hacer la procuraduría una defensa efectiva de los acusados de los delitos? Esto puede afectar la capacidad de la institución en atender la creciente demanda y esto puede generar violaciones al derecho de defensa de los acusados y puede constituirse en una situación grave y no estamos responsabilizando a la Procuraduría, sino que no tiene capacidad porque no tiene los recursos", expuso.
Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) también ha sido disminuido su presupuesto en casi un 20% en relación al 2021. Añadió que esta institución "puede jugar un rol en este régimen de excepción a efecto de verificar que no haya violaciones a los diferentes derechos involucrados".