El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) desarrolló varias jornadas de formación sobre información reservada dirigida a las instituciones de gobierno, las que incluyó en el listado de actividades como parte de su mandato de promoción de la cultura de transparencia en la sociedad civil.
Según datos del IAIP sobre la cantidad de actividades realizadas para cumplir con su mandato de promoción de la cultura de transparencia establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en 2023 realizó 157 actividades de promoción a la Ley y unas 80 en 2024.
Pero dirigió solo cinco de sus charlas y formaciones a la ciudadanía en 2023 y una hasta la mitad de agosto de 2024.
El artículo 47 de la LAIP dice: "El Instituto promoverá la cultura de transparencia en la sociedad civil con el objeto de que los beneficios de la ley puedan proyectarse efectivamente al servicio de todas las personas. Con tal fin el Instituto celebrará talleres, conferencias, seminarios y otras actividades similares para difundir los derechos y obligaciones que esta ley contempla, así como para capacitar a los integrantes de la sociedad civil en el ejercicio del derecho de acceso a la información, derecho a la participación ciudadana".
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Sobre el contenido de las charlas, en el año 2023 el Instituto dirigió 13 capacitaciones sobre información reservada a diez instituciones: una al Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, a la Lotería Nacional de Beneficencia, a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), al Instituto Crecer Juntos, a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), a alcaldía de San Salvador, al exInstituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), al Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), Tribunal de Ética Gubernamental y cuatro a la Procuraduría General de la República (PGR).
Para la primera quincena de agosto de 2024, el IAIP dirigió 12 charlas o formaciones sobre información reservada a la alcaldía de Santo Tomás, a la Dirección General de Hidrocarburos y Minas, a la Universidad de El Salvador (UES), a la Oficina para Adopciones, al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), al Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), al Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo), al FONAT, a la Dirección de Migración y Extranjería, a la alcaldía de San Salvador, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y a la alcaldía de Usulután Este.
Poca atención a ciudadanía
En 2023 solo cinco capacitaciones las dirigió a la ciudadanía, estas fueron una charla de introducción a la LAIP dirigida a líderes locales de Santo Tomás, otra dirigida a estudiantes del mismo distrito, un diplomado especializado en Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigido a Universidad Don Bosco y dos jornadas sobre gobierno abierto a la Fundación Salvadoreña para la Educación, Investigación Científica y Desarrollo Democrático.
Hasta el 15 de agosto de 2024, el Instituto cumplió con una formación dirigida a la sociedad civil el pasado 19 de marzo con una feria de derechos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación.
El Diario de Hoy consultó al Instituto las actividades realizadas para dar cumplimiento a este mandato legal y para sustentar esta práctica el IAIP alude a las formaciones y charlas que imparte en las instituciones de gobierno (ver gráfica).
Las capacitaciones fueron dirigidas principalmente a instituciones del Ejecutivo, entes de control, autónomas y alcaldías.
"Estas acciones dotan a los servidores públicos y funcionarios de las herramientas para gestionar la información de manera ética y eficiente. Continuamos trabajando para ofrecer capacitaciones que impulsen el desarrollo profesional de los trabajadores del sector público y fortalezcan las instituciones utilizando nuestro Centro de Formación para Entes Obligados", señaló el IAIP en su revista institucional de agosto.
Incumplimiento de ley
Para el coordinador de la Oficina de Asesores Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Henry Fino, la poca capacitación impartida a la población es una "grave omisión" al mandato.
"Hay una obligación de que el Instituto difunda, eduque, forme a la población para que solicite. O sea, 'no lo formo para que no pida'",
HENRY FINO
El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, señala que existe una falta de priorización de la ciudadanía como receptora de las capacitaciones.
Los expertos señalaron consecuencias ante la situación de que la ciudadanía desconozca su derecho a solicitar y recibir información pública.
"Tiene una consecuencia en razón de la formación y fortalecimiento del conocimiento, hay un incumplimiento evidente orientado a que la población no pida información", afirmó Fino.
"Propician condiciones para una gestión pública opaca", advirtió Escobar.
El pasado 24 de enero, en el marco del Día Internacional de la Educación, el presidente del IAIP, Ricardo Gómez, aseveró que cumplen con su mandato de ley en educación y formación. "Promovemos acciones para dinamizar y fomentar el conocimiento del tema del derecho al acceso a la información pública, la protección de datos personales y la gestión documental de archivos", dijo.
"En general, la falta de conocimiento de la ciudadanía respecto a lo establecido en la LAIP, hace que no se tenga conciencia sobre la forma en que podemos ejercer un derecho fundamental para todas y todos", expuso Jessica Estrada, Coordinadora del Área de Transparencia de Funde.
Agregó que el hecho que el Instituto no resuelva en favor de la ciudadanía "sí representa un incumplimiento a la LAIP, pues está faltando al rol principal que debería cumplir, como ente garante de que la ciudadanía tenga acceso a la información que está en las instituciones públicas".
Resoluciones desfavorables
Según el informe "Desempeño del Instituto de Acceso a la Información Pública en 2023" presentado por Acción Ciudadana de los 131 casos resueltos durante 2023, solamente diez fueron a favor de la ciudadanía, es decir, que en todo ese año solo en dos de cada 100 casos beneficiaron a la población.
El informe refleja que la mayor tendencia de las resoluciones del IAIP en los casos resueltos es a través del rechazo liminar (improponibilidad, improcedencia, inadmisibilidad, entre otros), con 83 resoluciones de esta índole.
El desestimiento es ya no participar en el proceso, por cualquier motivo; el rechazo liminar es un estudio preliminar que hace la entidad sobre el cumplimiento de los requisitos de forma de la denuncia y si considera que no cumple, rechaza inicialmente el caso; el sobreseimiento es que se niega por una resolución final o interlocutoria a declarar que no tiene responsabilidad el ente.
"Son las formas más comunes de concluir los procedimientos ante el IAIP, lo que podría generar desconfianza en la ciudadanía. Es evidente que la actual composición del pleno del IAIP ha disminuido drásticamente las resoluciones a favor de la ciudadanía en comparación con anteriores titulares", señaló el informe.