El gobierno de El Salvador enfrentó ayer el segundo día de audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por supuesta violación a los derechos a la vida, a la integridad y la vida privada de la joven conocida judicialmente como Beatriz, al no permitirle la interrupción del embarazo de un feto anencefálico.
En la segunda jornada, los demandantes, en representación de la familia de la víctima, aseguraron que el Estado salvadoreño ignoró el riesgo de vida de Beatriz por las afectaciones de salud a causa de sus padecimientos de lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.
Las denunciantes explicaron que Beatriz no recibió el tratamiento recomendado por sus médicos tratantes debido a que en El Salvador se criminaliza la interrupción del embarazo, en cualquier circunstancia.
Esto obligó a la víctima a presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional, pero ésta le devolvió la responsabilidad a los médicos encargados de la paciente. La respuesta de la Sala se dio después que la CorteIDH decretó medidas cautelares a favor de la víctima.
Marisol Escudero, abogada de Ipas Latinoamérica y el Caribe, aseguró que esa negativa del Estado a realizar la interrupción del embarazo constituyó una forma de tortura de parte del Estado porque hubo intencionalidad, sufrimiento grave, un fin y la participación de agentes estatales.
Las organizaciones demandantes hicieron peticiones concretas a la Corte, entre ellas que se ordene una reparación integral a la familia de la víctima por las violaciones sufridas y que se generen las condiciones jurídicas que aseguren el acceso a los servicios de un aborto seguro de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
Por su parte, las asesoras representantes del Estado salvadoreño basaron sus argumentos en la protección de la vida desde el momento de la concepción y negaron que Beatriz tuviera un “riesgo inminente de muerte” a pesar de sus padecimientos y la preeclampsia que afrontó en su primer embarazo.
Por otra parte, el Estado salvadoreño alega que Beatriz recibió un tratamiento oportuno, lo cual salvó las dos vidas, aunque el feto anencefálico murió solo cinco horas después del parto debido a que era incompatible con la vida.
Además, las representantes del gobierno aceptaron que ante el embarazo de Beatriz se dio una “confusión” debido a que era un caso “excepcional”, por lo que no había un protocolo que se pudiera aplicar y eso llevó a la creación del comité médico compuesto por 15 médicos especialistas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que el marco legal de aborto en El Salvador criminaliza, incluso a las mujeres que sufren emergencias obstétricas.
Agregaron que la penalización del aborto no es la mejor medida para salvar la vida prenatal, pero sí violenta gravemente los derechos de las mujeres.
La CIDH aseguró que en el caso de Beatriz hubo omisión de parte del Estado al no permitirle la interrupción del embarazo, ante el riesgo por sus enfermedades de base, debido a que no había un protocolo médico establecido para estos casos.
Contrario a lo que asegura el Estado, la CIDH dijo que está probado en constancias e informes médicos, tanto del hospital Rosales como de Maternidad, que Beatriz tenía riesgo para su vida y su salud.
El día anterior, además de la familia y el médico de cabecera de Beatriz, expusieron ante la Corte IDH dos peritos, una propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el segundo por parte del Estado salvadoreño.
La primera perito en exponer fue Isabel Jaramillo, propuesta por la CIDH, quien explicó la compatibilidad de la interrupción del embarazo en aquellos casos que éste represente un peligro de vida para la madres y exista una inviabilidad de la vida del feto.
Jaramillo aseguró que la prohibición de la interrupción del embarazo, en casos como los de Beatriz, no es compatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Luego le siguió Paolo Carroza en representación del Estado salvadoreño, quien aseguró que una sentencia que dé prioridad a la vida de la madre sobre el feto es contraria a los tratados como la Convención Americana.
Sin embargo, Carroza dijo estar de acuerdo con la interrupción de los embarazos ectópicos, es decir, cuando el feto crece fuera del útero.
Carroza fue integrante de la Comisión de Derechos Inalienables durante la administración de Donald Trump.
La delegación salvadoreña ante la Corte IDH está integrada por Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, Carlos Alvarenga, viceministro de Salud, Gloria Martínez, jefa de casos internacionales de derechos humanos de Cancillería y seis asesores externos.
Ambas partes tienen hasta el 24 de abril para presentar por escrito sus alegatos finales.