Luego de 30 días de denuncias de detenciones arbitrarias de jóvenes, cierres de colonias, acoso a voces críticas y estigmatización de los defensores de derechos humanos por parte del presidente Nayib Bukele, crecen las dudas entre la sociedad civil sobre las motivaciones del Gobierno en prorrogar el estado de excepción.
José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), no pone en duda de que el combate a las pandillas necesite medidas extraordinarias, pero cuestiona que el método para enfrentarlas pase por restringir derechos de la mayoría.
“Nadie discute que había que hacer algo extraordinario frente a la delincuencia, las extorsiones y los homicidios. Lo que sí se discute es el costo que estamos pagando y el costo es una suspensión de los derechos de todo mundo”, dijo.
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El jurista añadió que “con la tentación autoritaria de este gobierno, que ya no la esconde, hay riesgo de que el régimen de excepción se convierta en permanente y la restricción de derechos continúe en el tiempo ahora con un respaldo jurídico”.
Marinero cree que no había condiciones jurídicas para aprobar 30 días más de estado de excepción, en el cual están suspendidos los derechos de reunión, asociación, la privacidad de las comunicaciones y ciertas garantías al debido proceso. Por tanto, cree que la intención del presidente Nayib Bukele es política electoral.
“Está bastante claro que la justificación para prolongar el régimen de excepción es insostenible: no hay evidencia que nos diga que la crisis de hace 30 días continúa y eso asumiendo que la crisis efectivamente sucedió hace 30 días. La prórroga es injustificada salvo que se tenga ese interés de revestir de legitimidad los abusos, los excesos, las adquisiciones al margen de la Lacap que se aprobaron”, consideró.
En esto coincide el director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, para quien ni el primer régimen de excepción aprobado a finales de marzo ni la extensión del domingo están constitucionalmente fundamentadas.
“La prórroga tampoco está de acuerdo al marco constitucional. El artículo 30 (de la Constitución) cuando se refiere al plazo dice que se podrá prorrogar por otros 30 días siempre y cuando continúen las circunstancias que lo motivaron. En ese sentido, en la dispensa de trámite no se documentó que la circunstancia del alza de homicidios continuaba. Ni el gobierno ni la Asamblea ni los diputados han justificado que la circunstancia se mantiene”, explicó Ábrego.
Interés electoral
El otro interés que según el presidente de DTJ puede tener el gobierno de Nayib Bukele es el caudal político que obtiene con miras a las elecciones de 2024, al mantener a la población en alerta de que el país vive una emergencia constante.
“El gobierno crea esta necesidad de sí mismo: que necesita a los militares en la calle y necesita más recursos para enfrentar la delincuencia, es una narrativa bien útil y prolonga la inminente campaña para la reelección del 2024: necesitamos más de ‘esto’ es el mensaje y ‘esto’ es el mismo gobierno, las mismas caras…”, argumenta Marinero.
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Además, el abogado considera que el estado de emergencia permanente que provoca estar en régimen de excepción le beneficia al gobierno porque distrae de otros temas cruciales, como el alto endeudamiento, o la crisis económica.
“Hemos olvidado los temas que venía cargando el gobierno con anterioridad. Se nos olvidó la tregua, se nos olvidó la crisis económica, ha pasado a segundo plano la crisis fiscal que es inminente. Ahorita la mirada está puesta en qué va a hacer el gobierno con los poderes extraordinarios que se le han dado para enfrentar la principal amenaza que hemos tenido en los últimos treinta años”, hizo notar el experto.
Deterioro de derechos
Más allá de las intenciones que puede haber tras el régimen de excepción, también está el tema de los abusos contra los derechos humanos de salvadoreños.
“La preocupación es que la forma de aplicar el régimen es discrecional por parte de las autoridades y de por sí es fuerte porque se están suspendiendo garantías judiciales” manifestó Ábrego, de Cristosal.
Foto EDH/ Jonatan Funes
Añadió que “esta extensión sería peor porque hay arbitrariedad de parte de las autoridades policiales y militares, lo que va a generar es un deterioro en los derechos civiles y políticos como por ejemplo las redadas masivas o el fallecimiento de personas que estaban en situación de detención, casos de tortura e impacto en las familias de los detenidos que tienen que buscar sus familiares detenidos”.
Para Marinero, es preocupante cómo se ha normalizado el ataque desde el oficialismo a periodistas y defensores de derecho humanos.
Entre otras situaciones, este mes, el presidente Bukele ha arremetido contra el periodista y antropólogo Juan Martínez al punto que al temer por su vida salió del país, como otros periodistas.
Además, reformas aprobadas por los diputados que responden al presidente establecen penas de prisión a periodistas que difundan información que cause “zozobra”, un concepto ambiguo y que se presta a una aplicación antojadiza, según expertos en libertad de prensa.
“La restricción de derechos no es solo para los delincuentes: bajo la excusa del régimen de excepción pareciera que hay restricciones a la libertad de prensa acentuados, hay seguimiento, hostigamiento de las voces de la ciudadanía crítica, las decisiones respecto a las compras públicas evaden la Lacap bajo esa excusa de que se necesita acelerar para enfrentar a la delincuencia. En esa confusión nos vamos todos”, afirmó Marinero.
Ese temor lo comparte Cristosal. Ábrego ve que normalizar un régimen de excepción permanente provoca que se vea como normales ciertos abusos de poder.
“Puede haber tendencia de normalizar el uso de estos mecanismos que deben ser usados en situaciones extremas. En la medida que se usan de forma periódica prorrogándolos sin mucho análisis se vuelve a considerar como la norma general. Si valoramos los primeros 30 días, hemos observado que las autoridades están violando derechos que ni siquiera están suspendidos, por ejemplo la irrupción en hogares sin orden judicial”, detalló Ábrego.
Más de una prórroga
Para Marinero, que la Constitución hable de prorrogar el régimen de excepción solo en una ocasión no sería impedimento para que este gobierno busque extenderlo más tiempo, vistas sus credenciales de irrespeto a la Constitución.
Estas han sido denunciadas por abogados, organizaciones internacionales y gobiernos democráticos como Estados Unidos y países de la Unión Europea.
“También la Constitución en 6 artículos dice que no se permite la reelección continua del presidente. Sin embargo, encontraron una manera de resolver esa prohibición expresa de la Constitución. Puedo imaginar que digan que ahí (en la Constitución) no dice que se puede prorrogar una única vez (el régimen de excepción)”, consideró el presidente de DTJ.
Por eso, Marinero no duda de que el gobierno tenga “la tentación” de prorrogar de forma indefinida este régimen de excepción.
“No hay régimen autoritario que no recurra a intentar darle alguna legitimidad a las decisiones que está adoptando por desviadas que sean estas del régimen constitucional o de la legalidad. Siempre les va a ser conveniente tener una apariencia de legitimidad amparada en este régimen de excepción que reconoce la Constitución”, consideró el abogado.