Expertos en transparencia cuestionaron la reelección de José Néstor Castaneda para que continúe por un segundo periodo consecutivo dirigiendo el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por considerar que durante su primera gestión “no ha fortalecido la institución ni ha hecho uso de las facultades” que tiene, entre estas para sancionar actos de corrupción en la administración pública.
Con 76 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó durante la plenaria del martes que el funcionario se mantenga en el cargo hasta el 26 de abril de 2027. La reelección de Castaneda fue el resultado de las propuestas hechas por el oficialismo y sus aliados.
Especialistas en transparencia coinciden en que Castaneda no cumplía con el perfil idóneo para seguir al frente del TEG, pues no ven una aplicación firme de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
Datos que ha hecho públicos ALAC sobre el trabajo que ha realizado Castaneda destacan que solo en 2021 de 591 denuncias que recibió la institución solo 49 resultaron en sanciones contra funcionarios, mientras 265 casos fueron declarados “sin lugar a apertura del procedimiento” y 131 fueron sobreseídos.
“Solo 49 sanciones contra funcionarios públicos en 2021, eso es un trabajo realmente pobre, se ha activado el Tribunal, pero no da respuesta frente a la activación que se ha realizado desde la sociedad civil sobre posibles actos o infracciones que van en contra de la ética gubernamental”, externó Wilson Sandoval, abogado y experto en temas de transparencia.
No hubo análisis profundo
Para Humberto Sáenz, abogado y presidente de Acción Ciudadana, los diputados se quedaron cortos en su análisis para reelegir a Castaneda y expone que debió existir un estudio “muchísimo más acucioso que con cualquier otro candidato y debería existir un razonamiento más profundo de cuáles son los motivos por los que esa persona merece una segunda oportunidad al frente de una institución”. Además, puso en tela de juicio el trabajo que ha ejercido el funcionario durante sus primeros cinco años a cargo del TEG.
“Durante su presidencia previa no ha logrado fortalecer la institución ni ha hecho uso de las facultades oficiosas y muy grandes que por cierto tiene el Tribunal de Ética Gubernamental que de haber sido así sin ninguna duda habría sancionado a muchos funcionarios actuales y pasados”, señaló.
Resultados deficientes
Carlos Palomo, presidente de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), calificó de “error” la reelección ante los “resultados deficientes” en esta institución del Estado hasta la fecha.
“Dicha institución se ha caracterizado por ser deficiente en el cumplimiento de sus deberes y por apenas entregar resultados a la población salvadoreña. El Tribunal nunca ha estado a la altura de lo que se espera de él y creo que es un error reelegir a cualquiera de los titulares, principalmente por la evidente de la falta de resultados”, apuntó.
A criterio de Sandoval “lo que se hizo fue elegir a un perfil que continuará con este patrón de estadísticas, es decir un perfil que no mejorara este trabajo, por ahí creo que fue el criterio que tomó la Asamblea Legislativa”.
Critican proceso para la PGR
Respecto a la elección de René Gustavo Escobar como procurador general de la República, los expertos criticaron el proceso que realizó la Asamblea Legislativa para desarrollar la elección de ese cargo.
Sáenz cree que este proceso, como el que se ha venido desarrollando con las elecciones de otros funcionarios de segundo grado, podría obedecer a decisiones planteadas “desde la cúpula del partido oficialista o desde Casa Presidencial”.
“No es cierto que haya existido un verdadero debate parlamentario, no es cierto que haya existido transparencia en los mecanismos de elección, no conocemos cuáles son los parámetros que llevaron a decirse por esta persona en particular y a obviar a algunos de los otros perfiles”, añadió.
Similar opinión dio Palomo, quien manifestó que pese a que Escobar "tiene conocimiento de la administración pública" por haber sido parte de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) y ha sido técnico de la Sala de lo Constitucional, "lo cierto es que hubo otros perfiles con amplia experiencia y carrera dentro de la Procuraduría", agregó.