Tres abogados, quienes dijeron representar a 30 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador, presentaron este lunes hábeas corpus (demandas de amparo) ante la Corte Suprema de Justicia, pues afirman que los sudamericanos fueron detenidos de forma ilegal.
El abogado Salvador Ríos Alvarado expuso que presentaron el hábeas corpus porque la ley salvadoreña no distingue entre nacionales y extranjeros.
“La Constitución de la República de El Salvador se plica indistintamente, venimos a celebrar un acto estrictamente jurídico”, señaló Ríos.
El profesional enfatizó en que llegaron de forma independiente y no política y que por ello tienen la disposición “completa” de trasladarle sus inquietudes jurídicas tanto a la Sala de lo Constitucional como al pueblo salvadoreño y al venezolano.
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“El pueblo venezolano, especialmente, que está pendiente de nosotros que accionemos legalmente a favor de los detenidos, son detenciones evidentemente ilegales”, añadió Ríos Alvarado.
El recurso es extendible al resto de extranjeros, quienes se encuentran retenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), tras ser señalados de una presunta vinculación con la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
El abogado Jaime Ortega expresó que la solicitud busca la liberación de todos los venezolanos retenidos de forma arbitraria y su posterior proceso de repatriación a su país de origen, basado en los convenios internacionales que velan por los derechos humanos.
Ortega enfatizó en que representan a personas migrantes y sin antecedentes criminales, por lo que no tendría que estar encerrados en un lugar que fue creado para grupos terroristas.
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“No tienen ningún antecedente penal ni en Venezuela ni en los Estados Unidos de América”, aseguró el abogado.
“Estamos hablando del principio de dignidad humana, esto está instituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; sin embargo, en atención al centro adonde ellos han ingresado, hay que tomar en cuenta que este centro goza de su propia administración y de sus propias medidas totales de seguridad, consideramos que el traslado hubiera sido de una forma menos peyorativa”, dijo también Ortega.
La deportación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el sábado la detención y deportación inmediata de todos los migrantes venezolanos sospechosos de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, amparándose en la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798.
La medida, que equipara a estos migrantes con enemigos en tiempos de guerra, establece que los deportados no tendrán acceso a protecciones legales habituales, como el derecho a comparecer ante un juez o solicitar asilo.
Trump argumentó que la pandilla venezolana estaba perpetrando una "invasión o incursión depredadora" en territorio estadounidense, justificando así la aplicación de esta legislación de más de dos siglos de antigüedad.
La orden instruyó a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia a arrestar y expulsar a todos los migrantes venezolanos mayores de 14 años que sean identificados como miembros de Tren de Aragua y no cuenten con ciudadanía o residencia permanente en EE.UU. Sin embargo, la medida fue bloqueada temporalmente por el juez James Boasberg, del Tribunal del Distrito de Columbia, quien accedió a una solicitud presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).