Organizaciones convocan a la población a marchar el próximo primero de mayo para conmemorar la fecha, pero también para denunciar y exigir pensiones justas, salario mínimo de 500 dólares, no más despidos de trabajadores, poner alto a la criminalización de dirigentes sindicales, el respeto y cumplimiento a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y un alto a los costos elevados de la canasta básica.
Pese a que los dirigentes de las organizaciones mencionaron la importancia de realizar una conmemoración histórica por los "mártires de Chicago" este primero de mayo, para ellos es igual de importante seguir denunciando los graves retrocesos en materia de derechos humanos en los últimos tres años, los cuales, desde su perspectiva, se han agravado con el Estado de excepción.
Francisco Omar Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, mencionó que esta próxima marcha es un esfuerzo que están realizando entre organizaciones para denunciar todo lo que está sucediendo en El Salvador. “Desde 2019 hemos vivido una serie de retrocesos en materia democrática, del respeto a los derechos laborales y fundamentales”, destacó.
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Desde que entró en vigencia el régimen de excepción se conoce de, al menos, 16 sindicalistas detenidos, que según mencionó Francisco, algunos de ellos ya han fallecido dentro de los centros penales. “Creemos que es un grave retroceso que hay que denunciar y que es necesario la unidad para detener todo lo que está sucediendo”, agregó.
Según lo expuesto por las organizaciones durante la conferencia de prensa, existe una serie de situaciones propiciadas por el régimen de excepción que afectan a la clase trabajadora también. Entre las que más sobresalen son: persecución a dirigentes sindicales y las detenciones arbitrarias.
De estas dos últimas como consecuencia se desglosan otra serie de vulnerabilidades que enfrentan las personas que tienen un familiar capturado de forma arbitraria. “Las que terminan siendo más afectadas son las mujeres porque les toca asumir toda la responsabilidad económica de sus hogares y la de su familiar que está en la cárcel”, expuso Parada.
Muchos especialistas y organizaciones han coincidido en que el régimen de excepción criminaliza la pobreza. Francisco Parada mencionó que los operativos militares no han sido establecidos en zonas en donde viven personas con mayores ingresos sino en las empobrecidas.
Parada no encuentra congruencia en que se hable en procesos judiciales sobre un margen de error, porque existe toda una serie de procedimientos para garantizar que no se causen daños colaterales, como ha llamado al oficialismo a las personas que han sido capturadas arbitrariamente.