Benjamín Cuéllar, de la Fundación Vidas y otrora director del IDHUCA, advirtió que si el Instituto de Medicina Legal tiene escasez de recursos humanos podría haber pedido ayuda a universidades antes que a la Fuerza Armada.
Cuestionado sobre si la presencia de militares en el IML puede poner en entredicho los resultados de las autopsias y la determinación de las causas de muerte de quienes han fallecido dentro de los centros penales durante el régimen de excepción, Cuellar dijo a El Diario de Hoy: “Y no solo (las muertes) en los centros penales”.
La solicitud de apoyo se generó, según fuentes cercanas al IML, debido a una huelga de trabajadores en la sede de San Vicente. Lo que derivó en que el director del instituto sugiriera al presidente de la CSJ pedir “ayuda” a la Fuerza Armada, específicamente al Batallón de Sanidad Militar.
“Si es una cuestión de emergencia puntual en el caso de San Vicente, por qué no piden ayuda a universidades. Porque ahí hay gente capacitada que podría ayudar en servicio social o en año social. Alguna fórmula se puede buscar si realmente se quiere atacar una emergencia”, sugirió Cuéllar.
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En opinión de este abogado y defensor de derechos humanos: “Lo que se quiere es asegurar la permanencia de la Fuerza Armada, no solo en el ámbito forense, de Medicina Legal; lo que se quiere es manipular los dictámenes forenses, que ni siquiera en la época de la guerra, en los peores tiempos de la guerra fueron manipulados”.
Cuéllar aseguró que tiene gráficas y dictámenes de la masacre de la UCA, que fueron hechos por Medicina Legal: “No fueron los militares los que llegaron a hacerlos, los militares llegaron a matar”.
Más allá de lo que ocurre en el IML, Cuéllar advierte: “Aquí nos están queriendo llevar a una situación que ya la vivimos. Este camino ya lo recorrimos, ya sabemos cuál es el destino y ¿cuál fue el principal protagonista de la guerra de parte del Estado salvadoreños? La Fuerza Armada. Ese protagonismo se lo están dando desde 1993, año y medio después de que finalizó la guerra, cuando se lanzó el primer patrullaje conjunto de la PNC con la Fuerza Armada…Mire ahora, al ministro de Defensa lo tienen hasta apagando incendios”.
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Cuéllar considera que ese protagonismo de la Fuerza Armada es “político y represivo”, pues se busca que la Fuerza Armada vuelva a ser “la reserva moral de la Patria”, “los que van a salvar a la Patria”, en un ámbito donde “el enemigo es la protesta social”.
Por su parte, Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), recordó que “ayudar” o “colaborar” con instituciones como Medicina Legal no es parte del papel asignado a la Fuerza Armada en el artículo 212 de la Constitución.
“Absolutamente no tiene nada que ver la Fuerza Armada en eso (ayudar al IML)”, advirtió para añadir: “No creo que haya médicos forenses en el Batallón de Sanidad Militar o patólogos. Entonces, no le encuentro ninguna función que como Fuerza Armada pueda brindar”.
Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, explicó que para que una autopsia tenga valor legal tiene que ser suscrita por un médico especialista: “Eso significa que no tendría porqué estar participando en una autopsia personal que no esté debidamente certificado”. Añadió que si un médico firma una autopsia que no ha llevado a cabo “puede tener repercusiones legales”. Además, si una persona que no es médico hace una autopsia, advierte Navas, “está incumpliendo disposiciones legales”.
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Para ella “es preocupante que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el director de Medicina Legal acudan a la Fuerza Armada para suplir a empleados o para suplir actividades propias de especialistas de medicina legal.
Navas recordó que el IML tiene responsabilidades y peritos para realizar no solo las autopsias en el caso de homicidios, sino una serie de peritajes que requieren especialistas en diversos temas.
El presidente de la CSJ informó que quienes están colaborando con Medicina Legal son enfermeros del Batallón de Sanidad Militar. Navas advirtió que “ser enfermero no implica tener los conocimientos y las competencias” para hacer el trabajo especializado del personal de Medicina Legal. Entre esas labores especializadas está resguardar las pruebas, realizar peritajes y autopsias. “También es preocupante que se recurra a la Fuerza Armada porque esto tiene un componente de militarización”, añadió Navas.
La CSJ tiene su propio presupuesto, recordó, “tendría que tener recursos propios para suplir cualquier situación de emergencia que se presente”: En su opinión, se está mandando un mensaje al personal de Medicina Legal pero también a la población: “Cada vez más, militares están asumiendo distintos roles, y el gobierno y el Estado, en lugar de fortalecer las instituciones, como el IML que durante mucho tiempo no ha dado abasto para responder a la demanda que existe en el país (...) Se está dejando de lado lo técnico y se está yendo por el control de las instituciones del Estado”. Esto puede tener “consecuencias jurídicas y desventajas en el debido proceso”, concluyó.