Bangladés decretó toque de queda y desplegó a los militares para contener una ola de protestas que tomó fuerza este viernes, sin que la policía pudiera impedir las marchas, frenar el asalto de una prisión ni sofocar los disturbios que han dejado 105 muertos.
Este país del sur de Asia está agitado por una movilización que comenzó a principios de julio con protestas de estudiantes contra un sistema de cuotas que reserva más de la mitad de los puestos de la función pública a ciertos sectores de la sociedad, incluidos los hijos de veteranos de la guerra de liberación de 1971 contra Pakistán.
Las manifestaciones derivaron en una movilización más amplia que plantea un desafío al gobierno de autocrático de la primera ministra Sheikh Hasina, quien lleva 15 años en el poder.
Estas son las mayores manifestaciones a las que se enfrenta Hasina desde que asumió el cargo por cuarta vez consecutiva en enero, en unas elecciones boicoteadas por la oposición.
Las autoridades han prohibido las reuniones públicas, pero eso no detuvo otra ronda de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la capital de 20 millones de habitantes, a pesar de un corte de internet destinado a frustrar la organización de las manifestaciones.
Los manifestantes asaltaron este viernes una cárcel en Narsingdi, a 50 kilómetros de la capital, liberaron a los reclusos y prendieron fuego al edificio; el jueves, estudiantes indignados asaltaron las instalaciones y prendieron fuego a la sede de la televisión estatal Bangladesh Television en Daca, que sigue fuera de línea.
El Gobierno anunció entonces su voluntad de sentarse a negociar con los estudiantes sus reclamos, sin embargo, los líderes del movimiento civil han rechazado la propuesta.
¿Por qué protestan?
La causa del movimiento es un antiguo y muy cuestionado sistema de cuotas que reserva el 30 % de los puestos gubernamentales para los descendientes de los combatientes de la guerra de liberación, que condujo a su independencia de Pakistán hace más de medio siglo.
En Bangladés, cerca del 60 % de los anhelados puestos del servicio público están reservados en cuotas especiales de varios grupos, minorías étnicas, personas con discapacidad, mujeres, entre otros.
Los estudiantes exigen desmantelar parte de este sistema que deja al grueso de los jóvenes profesionales con las menores oportunidades de entrar al servicio público, el más estable y mejor pagado del país, en un momento de rampante desempleo y crisis económica.
Los estudiantes reclaman el desmantelamiento solo de la cuota de los descendientes de la lucha de liberación, una reserva que tiene gran connotación política en Bangladés ya que el partido de la gobernante Liga Awami lideró el movimiento independentista, y la primera ministra, Sheikh Hasina, es la hija del fallecido líder conocido como "el padre de la nación", por su rol en la guerra.
Esta cuota ya había sido abolida en 2018 tras un fuerte movimiento estudiantil, sin embargo, el Tribunal Supremo decidió el mes pasado la restitución de la controvertida cuota, y con ello revivió el descontento.
Con información de AFP y EFE