Personas sostienen velas durante una vigilia por los "presos políticos" en Caracas. EFE/ Ronald Peña
Las detenciones en Venezuela continúan a diario y aquellos que han sido liberados están sujetos a medidas restrictivas y cargos en su contra como parte de una persecución sostenida de los opositores al gobierno y de todo aquello que pueda ser percibido como tal, ha señalado la Misión de Investigación de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en este país.
«Cada día se detiene a nuevas personas y cientos permanecen en prisión en condiciones degradantes, sometidas a tortura y a tratos inhumanos, crueles y degradantes», han indicado los miembros de la Comisión en un comunicado que alerta de nuevas exacciones que podrían ocurrir en el contexto de una nueva toma de posesión de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, dentro de una semana.
La Comisión sostuvo que está prestando mucha atención a los eventos previos y posteriores a la toma de posesión y aseguró que «investigará los casos de violaciones graves de los derechos humanos y delitos que puedan producirse, y analizará si encajan en la política del Estado de silenciar a la oposición».
«Hacemos un enérgico llamamiento a que se respeten los derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión sin temor a represalias, y recordamos a las fuerzas de seguridad que deben cumplir las normas internacionales más estrictas sobre el uso de la fuerza», ha señalado la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas.
Petición de libertad
El equipo -al que Naciones Unidas ha encomendado hacer un seguimiento de la situación en Venezuela– pidió a las autoridades del país que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Hizo hincapié en la obligación del Estado de proporcionar protección especial a los detenidos con problemas de salud, a los ancianos y de considerar seriamente la situación de los menores que se enfrentan a procesos judiciales.
Según la instancia de Naciones Unidas, entre agosto y diciembre pasados las autoridades detuvieron a 56 activistas opositores, a diez periodistas y a un defensor de los derechos humanos.
A este respeto, recalcó que aquellos que han ordenado detenciones arbitrarias y han perpetrado torturas o maltratos tienen una responsabilidad penal individual por estos hechos.