El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de cobrar 2,000 dólares por cada venezolano que, aseguró, permanece “secuestrado” en el país centroamericano, a donde EEUU envió el fin de semana a más de 200 migrantes sin una vista judicial previa y bajo acusaciones de pertenecer supuestamente a la banda transnacional Tren de Aragua.
“Cobra 2,000 dólares por cada venezolano secuestrado, Bukele es un secuestrador, (…) tiene secuestrados a venezolanos y por ellos cobra recompensa y el mundo no dice nada”, dijo el ministro en su programa semanal transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El también primer vicepresidente del chavista Partido Socialista Unido (PSUV), para quien se trata de “un negocio con seres humanos”, reiteró su rechazo a las acusaciones contra esos migrantes y aseguró que “la gran mayoría (…) no tienen nada que ver con el Tren de Aragua”.
“Nosotros conocemos a los personajes y Bukele ustedes lo verán más temprano que tarde en manos de la Justicia norteamericana, estadounidense. Se la van a cobrar”, dijo Cabello, quien tachó al presidente salvadoreño de “cachorrito y lacayo”, así como de “fascista, desde que se asomó en la política”.
El domingo, Bukele informó de la llegada a su país de los “primeros 238” supuestos “miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, quienes fueron “trasladados de inmediato” al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), por un lapso renovable de un año.
A través de X, señaló que estas “acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Cero Ocio, contribuirán a la autosostenibilidad” del sistema penitenciario salvadoreño.
Este martes, el jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció que los más de 200 migrantes fueron enviados para que Bukele los “utilice como mano de obra esclava”.
Según el funcionario venezolano, “el argumento que da Nayib Bukele es que le dieron 6 millones de dólares y que, con el trabajo” de venezolanos, “va a financiar su sistema penitenciario represivo”.
Venezuela exige tener “acceso inmediato a la información” sobre estos migrantes, que fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, señalada por Caracas como “ilegal” y “violatoria” de los derechos humanos.
El país suramericano también asegura que no descansará hasta rescatar a los que considera “secuestrados” y posteriormente “entregados a una cárcel de máxima seguridad diseñada para la violación de los derechos humanos”.