Se abre el lunes en Buenos Aires la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Treinta y tres jefes de Estado están invitados para este evento, que marca la vuelta al escenario regional del presidente brasileño Inácio Lula da Silva. Sin embargo, en Argentina, la atención mediática también está enfocada en la presencia anunciada del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
Esta perspectiva provocó indignación en la oposición y dentro de la comunidad venezolana en Argentina, que cuenta con unas 270,000 personas. Algunos de ellos se movilizaron en Buenos Aires ayer para repudiar esta visita.
En frente del hotel donde se reunirán los jefes de Estado el martes, cientos de Venezolanos protestaron ayer contra la participación de Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC.
“Repudio su presencia porque yo salí de mi país huyendo de esa dictadura, y ver que un país como Argentina le abre las puertas me da impotencia, me da rabia, me molesta”, dijo a RFI Denis Martínez, venezolano que llegó a Argentina seis años atrás.
En la multitud, las banderas venezolanas se mezclan con las de Argentina. También están presentes figuras de la oposición local. Unos diputados de la coalición Juntos por el Cambio presentaron en el Congreso un proyecto de resolución para declarar a Nicolas Maduro persona non grata en el país.
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La presidenta del partido PRO, Patricia Bullrich, pide por su parte que Nicolás Maduro sea detenido por crímenes de lesa humanidad.
“Hay una cantidad importante de casos, el más conocido es el caso de Pinochet, detenido en 1998 en Londres. Y así es que nosotros hemos realizado pedidos formales que haya una detención y una indagatoria contra Nicolás Maduro”, sostuvo.
Una nueva movilización de la diáspora venezolana ya está prevista en el mismo lugar para el martes, cuando se reunirán los jefes de Estado.
La semana pasada, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), fundado en 2020 por legisladores de la oposición, denunció penalmente a Maduro, y también a los jefes de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Cannel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, ante la justicia federal argentina.
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Los denunciantes fundan su querella en informes de organismos internacionales de Derechos Humanos que señalan "persecución política a organizaciones civiles y personas físicas" por parte de los mandatarios.