La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) informó este jueves sobre la suspensión temporal de sus operaciones en Nicaragua, luego de que el Gobierno que preside Daniel Ortega cancelara su personalidad jurídica en el país centroamericano, y un banco privado congelara sus cuentas.
“Como resultado del Acuerdo Ministerial número 38 del Ministerio del Interior (de Nicaragua) publicado en (el Diario Oficial) La Gaceta el lunes 19 de agosto de 2024, el banco compensador, Banco Lafise, ha congelado las cuentas de IATA”, explicó esa asociación en una declaración enviada a las agencias de viajes en Nicaragua y a los medios.
IATA explicó que como consecuencia de su ilegalización en Nicaragua, su sistema de remesas y liquidaciones denominado BSP está suspendido temporalmente en Nicaragua.
“Como consecuencia de esto, y con efecto a partir del ciclo 20240803W, las fechas de facturación y liquidación según el calendario del BSP quedan temporalmente suspendidas”, indicó.
Esa organización internacional aseguró que están trabajando “con todas las partes interesadas para asegurar la continuidad de las operaciones del BSP en Nicaragua y los mantendremos informados al respecto”.
Al congelar las cuentas de IATA, desaparece el BSP. Este sistema forma parte integral de las operaciones de agencias de viajes, agiliza el proceso de emisión de boletos al proporcionar una plataforma estándar para pagos y liquidaciones entre agentes y aerolíneas.
Por cada boleto vendido a través de IATA normalmente las agencias de viaje cobran un porcentaje reducido a las aerolíneas y otro al cliente por servicios.
IATA fue una de las 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro fue fueron ilegalizadas por el Gobierno de Ortega el pasado 19 de agosto.
Esa medida, sin precedentes al ser la primera vez que se ilegalizaban 1.500 ONG en un solo acto, se dio tres días después de que el Ejecutivo sandinista anunciara que reformaría el funcionamiento de las ONG, que tendrán ahora que formar “alianzas” con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas desde 2018 utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente, Daniel Ortega, en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.