"Somos la ley federal" dice Trump camino a un choque con poder judicial de EE.UU.

"Nosotros somos la ley federal", le advirtió seca y amenazadoramente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la gobernadora del estado de Maine, Janet Mills, quien se limitó a contestarle: "Nos veremos en los tribunales". Él respondió: "Bien, nos veremos en los tribunales. Espero con ansias eso. Debería ser un caso muy fácil".

Lo anterior muestra significativamente hasta dónde Trump pretende ser "la ley" personificada, dueño de un poder absoluto y dominar incluso los poderes legislativo, donde su partido republicano tiene mayoría, y el judicial, que ha comenzado a frenar su torrente de decretos, incluso uno que contraviene la Constitución al negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes nacidos en la Unión Americana.

Ya en su primer mandato (2017-2021) preguntó por qué tenía que obedecer las órdenes de los jueces. Ahora con más seguridad dice con vehemencia: "Nosotros somos la ley federal".

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A diferencia de su primer mandato, esta vez Trump ha desplegado con mayor fuerza una estrategia ideada por el ultraderechista Stephen K. Bannon, conocida como 'flood the zone' (inundar la zona), que consiste en abrumar a la oposición demócrata, a los medios e incluso a los jueces con un alud de acciones que les impide reaccionar a tiempo.

Hasta ahora, los demócratas no han logrado articular una respuesta efectiva, en parte porque carecen de poder en Washington, ya que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. Por eso, los jueces han sido el principal freno a la agenda de Trump, bloqueando temporalmente algunas de sus medidas más controvertidas.

Los jueces han validado algunas medidas como el despido del personal de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras entidades, pero no han cedido en su pretensión de negar la ciudadania a los hijos de inmigrantes, nacidos en suelo estadounidense, con lo cual ha sobresapasado la misma Constitución.

A pesar de algunos bloqueos puntuales, Trump parece encaminado hacia un choque directo con la judicatura que podría terminar en el Tribunal Supremo. De hecho, algunos expertos legales sostienen que su objetivo es precisamente ese: reforzar el poder presidencial mediante una avalancha de decretos, con la esperanza de que la mayoría conservadora del Supremo respalde su visión expansiva del Ejecutivo.

Trump parte con una ventaja en el Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces -incluidos tres designados por él en su primer mandato- son conservadores. Además, el año pasado, el tribunal falló a favor de otorgar a Trump y a todos los futuros presidentes una amplia inmunidad por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo que en la práctica supuso una expansión sin precedentes del poder presidencial.

Si el Tribunal Supremo respalda algunas de sus medidas más radicales, Trump podría consolidar su capacidad para transformar la Administración pública y la asignación de fondos, debilitando al Legislativo y reduciendo significativamente la capacidad de la judicatura para intervenir en sus decisiones.

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Desobedecer a la justicia

En paralelo a su estrategia en el Tribunal Supremo de Justicia, Trump ha insinuado que podría negarse a acatar fallos judiciales que limiten su poder.

En declaraciones a la prensa esta semana en el Despacho Oval, Trump cargó contra los jueces que han fallado en su contra. «Quizá tengamos que revisar a los jueces, porque es algo muy serio. Creo que es una violación grave», afirmó, sin precisar qué medidas podría tomar.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha sido más directo. «Los jueces no pueden controlar el legítimo poder del Ejecutivo», escribió en X esta semana, reafirmando una opinión que ya expresó en 2021 en un pódcast en el que sugirió que, si Trump regresaba al poder, debía ignorar cualquier orden judicial en su contra.

Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de reducir el tamaño de la Administración pública, también ha defendido esa idea en X, donde llegó a escribir: «Si CUALQUIER juez en CUALQUIER lugar puede detener CUALQUIER acción presidencial en TODAS partes, entonces NO vivimos en una democracia».

Sin precedente en casi 200 años

Sin embargo, el alcance de esta estrategia de desobediencia sigue siendo incierto, así como sus posibles consecuencias. En teoría, un juez podría declarar a Trump en desacato por desobedecer un fallo, lo que en teoría podría derivar en cargos penales o civiles, pero no está claro qué ocurriría si el acusado es el propio presidente de Estados Unidos.

El precedente más cercano se remonta a la Presidencia de Andrew Jackson (1829-1837), quien en 1832 desafió abiertamente un fallo del Tribunal Supremo, que como órgano no tiene capacidad efectiva para hacer cumplir sus decisiones. Según se le atribuye, Jackson dijo entonces la célebre frase: «John Marshall ha tomado su decisión; ahora que la haga cumplir».

Casi 200 años después, Trump parece decidido a llevar ese desafío aún más lejos, en un pulso sin precedentes con el poder judicial.

La semana anterior, la Casa Blanca publicó una foto del presidente, con una corona en la cabeza, en la portada falsa de la revista Time, en la que se lee la frase "Larga vida al rey" y "viva el rey".

En la "portada", Trump aparece sonriente sobre un fondo en el que se aprecia el paisaje de Manhattan y algunos de sus edificios más emblemáticos, como el Empire State Building o el Chrysler.

Sobre su cabeza, en lugar del nombre de la reconocida revista, se resalta en letras mayúsculas su apellido.

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, reaccionó al comentario de Trump autodefiniéndose como rey afirmando que "somos una nación de leyes, no gobernada por un rey".

"Estoy aquí para decir que Nueva York no ha tenido un rey en más de 250 años y que, con total seguridad, no vamos a empezar a tenerlo ahora".