El destierro de 222 presos políticos que ordenó ayer el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, es algo que podría considerarse como una nueva violación a los Derechos Humanos, según indicó el escritor español y experto en temas sobre ese país, Daniel Rodríguez Moya.
El experto, quien participó en la entrevista del programa Frente a Frente, conoce a fondo la situación sociopolítica de ese país, pues en 2018, durante el estallido de las protestas sociales que fueron reprimidas por el gobierno nicaragüense, trabajó en un documental que expuso la crisis de ese entonces.
Puede interesarle: “Desterrados pero libres”: 222 presos políticos de Ortega llegan a los EE.UU.
En este sentido, Moya recalca que la mayoría de presos políticos que fueron excarcelados, y recibidos posteriormente por Estados Unidos, fueron capturados durante esa rebelión popular hace casi cinco años, aunque en 2021 también hubo una ola de arrestos arbitrarios antes de las elecciones presidenciales de noviembre de ese año.
En esa coyuntura fueron arrestados varios precandidatos presidenciales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, así como también sacerdotes de la iglesia católica.
Debido a que la excarcelación de distintos presos políticos, entre los cuales está la ex precandidata presidencial de oposición Cristiana Chamorro, incluyó la expulsión de su país, así como el retiro de la nacionalidad nicaragüense, Moya señala que no puede calificarse como una liberación propiamente.
El experto añade que la situación se trata de un "destierro", un término que considera medieval y que no debería estar siendo aplicado por gobiernos en la actualidad.
Asimismo, apunta que el despojar a una persona de su nacionalidad, y en detrimento de su identidad, es una acción arbitraria "de un régimen que se acerca más al de Corea del Norte", país que vive en total dictadura bajo el mandato de Kim Jong-un.
El escritor español, además, subraya que el único delito por el que fueron capturadas las personas liberadas ayer es que pedían "libertad y democracia", y también apuntó que todavía hay 38 presos políticos bajo la custodia del régimen orteguista.
Unión Europea expresa alivio
Por otro lado, la Unión Europea (UE) expresó este viernes su "satisfacción y alivio" por la liberación de los más de 200 opositores en Nicaragua, aunque rechazó que hayan sido privados de su nacionalidad y derechos políticos.
"Aunque no debían haber pasado ni un único día en prisión, hoy la UE expresa satisfacción y alivio", señaló una nota divulgada por el equipo del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
El gobierno de Nicaragua sorprendió el jueves al anunciar la deportación hacia Estados Unidos de esos 222 opositores presos.
"Aunque la UE rechaza la decisión de privar a esos ex prisioneros de su ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos (...) su liberación constituye un paso positivo y largamente esperado que debe ser seguido por diálogo y más acción", señaló la nota.
La UE, agregó el comunicado, está "abierta al diálogo político con Nicaragua, siempre que sea mediante canales diplomáticos apropiados y en forma respetuosa".
En su comunicado, la UE también saludó el papel de la administración de Estados Unidos por permitir el el ingreso a su territorio de los opositores excarcelados.
En una conferencia de prensa en Managua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo hincapié el jueves en que no se trató de una "negociación" con Estados Unidos.
Según el mandatario, el obispo católico Rolando Álvarez -quien se encontraba bajo arresto desde agosto pasado- se negó a ser deportado y volvió a ser encarcelado.
El presidente de una sala del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh, señaló que esas personas fueron "deportadas" de Nicaragua por ser "traidores a la patria".
Además: EEUU negoció con Ortega la liberación de presos políticos
La UE mantiene activas sanciones sobre 21 funcionarios y miembros de la familia Ortega y tres entidades de Nicaragua, en un paquete adoptado en 2019, que fue aumentando gradualmente.
Ese paquete de sanciones fue renovado en octubre de 2022 por un período de un año.
Las relaciones entre Nicaragua y la UE se deterioraron dramáticamente en 2022 y el 28 de septiembre el gobierno en Managua declaró persona non grata a la representante del bloque en ese país, Bettina Muscheidt.
En respuesta, el Consejo de la UE declaró persona non grata a la representante de Nicaragua ante el bloque, Zoila Muller Goff.