A partir de enero de 2024, cualquier persona o institución que tenga una propiedad en Nicaragua no podrá venderla si no cuenta con la autorización de la Procuraduría General de la República (PGR), un cambio avalado recientemente por la mayoría de diputaciones alineadas al régimen de Daniel Ortega en la Asamblea Legislativa del país centroamericano.
Según reportan medios nicaragüenses como 100% Noticias, esta medida entraría en vigor desde 2024, pero ya está siendo aplicada “de facto” por el régimen orteguista.
“A partir de enero de 2024, se implementa un proceso de confiscación masiva en Nicaragua que afecta directamente a las Computadoras de Registro Público, trasladándolas a la Procuraduría General de la República (PGR). Se establece que solo se permitirá la consulta a propietarios, excluyendo a los Apoderados Generales Judiciales”, publicó el jueves pasado 100% Noticias.
Esta medida abarca incluso a las donaciones de propiedades, las cuales solo serán autorizadas con un aval previo de la PGR.
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Solamente los propietarios podrán vender sus propiedades y consultar información sobre sus trámites, con lo que se excluye la figura de Apoderados Generales Judiciales.
“Solo los propietarios, y no sus apoderados, podrán gestionar estas autorizaciones, recordando prácticas pasadas que, en la década de 1980, confiscaron propiedades a aquellos ausentes por motivos políticos o económicos. El aspecto más preocupante para algunos es el potencial uso de esta regulación como herramienta política. Aquellos considerados opositores al régimen podrían enfrentar bloqueos y obstáculos para cualquier transacción relacionada con sus propiedades”, agregó 100% Noticias.
Según una fuente en el régimen consultada por 100% Noticias, el Gobierno de Ortega justifica esta reforma por la necesidad de regularizar la situación de terrenos de reforma agraria, que han quedado en el limbo en cuanto a derechos de propiedad; así como enfrentar el impago de impuestos que está asociado a estas propiedades.
Por la “aplanadora” en la Asamblea
Estas medidas se vienen cocinando desde la “aplanadora” orteguista en la Asamblea Legislativa, pues el 31 de octubre pasado, 81 diputados alineados al régimen aprobaron la reforma de cinco leyes para que los Registros Públicos de Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y de Beneficiario final de Sociedades Mercantiles, salieran del control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pasaran a manos de la PGR, según registró el medio independiente nicaragüense CONFIDENCIAL
“La decisión del régimen de pasar el Sistema Nacional de Registros al control de la República (PGR) es ‘una barbaridad’, que aumenta la inseguridad jurídica para cualquier propietario en Nicaragua, asegura el economista Juan Sebastián Chamorro. Además, cuatro abogados que hablaron con CONFIDENCIAL a condición de anonimato, advierten que esa medida deja sueltas las manos de los funcionarios del régimen que deseen quedarse con cualquier propiedad que no les pertenezca, o asignársela a quien se les ordene asignarla”, señaló CONFIDENCIAL en noviembre anterior.
En sus declaraciones a CONFIDENCIAL, Chamorró agregó que esta reforma “cambia fundamentalmente las reglas del juego de la tenencia de la propiedad en Nicaragua. Es un pésimo mensaje para los inversionistas, que tienen cada vez más vulnerados sus derechos de propiedad, así como los derechos de propiedad de todos y cada uno de los nicaragüenses”.
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El abogado Eliseo Núñez, opositor al régimen y miembro del grupo Monte Verde, describió a 100% Noticias que “por ejemplo, si sabes que necesitarás una constancia de la Procuraduría General de la República para disponer de tu casa, y sabes que está en manos del FSLN, no te atreverás a hacer cosas que molesten al régimen, porque cuando quieras disponer de tu propiedad, ya sea para una hipoteca o una venta, si te consideran opositor, la PGR te negará ese permiso”.
Otra profesional del derecho nicaragüense, quien está en el exilio, expresó a CONFIDENCIAl que esta reforma “quiere decir que ellos podrán adjudicarse cualquier propiedad que les guste. Bastará con que la Notaría del Estado elabore una escritura, designe quién es el nuevo propietario, y la registre. Ya no tendrán que pasar por el proceso de la Corte, de ningún juez, ni de nada, aunque ellos igual pasaban por encima de todo”.
Los objetivos
El medio 100% Noticias hizo un resumen de las intenciones que busca el régimen de Ortega con esta reforma.
Prevenir fuga de capital: la intención es evitar una venta masiva de propiedades por parte de empresarios de Nicaragua, lo cual le asegura al régimen la retención y control de activos en el país.
Restringir beneficio a opositores: esta medida busca limitar a quienes participaron en las protestas masivas de abril de 2018, a través del control de la disposición de sus bienes inmuebles.
Elevar la recaudación fiscal: tanto quien compre como quien venda propiedades deberán abonar el 15% del IVA por la venta; además, la medida incluye moras por impago, lo cual podría acarrear serias consecuencias financieras para los propietarios que hayan salido o huido de Nicaragua.