El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 83 organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños que cuenta -esta última- con una de las bibliotecas virtuales más completas del país, informó el sábado el Poder Legislativo.
Con esas nuevas 83 asociaciones se elevan a 229 las ONG cuya ilegalización ha pedido el gobierno de Ortega en lo que va de mayo, y a 319 desde diciembre de 2018.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica de al menos a 236 ONG desde diciembre de 2018.
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Según el régimen de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de "agentes extranjeros", lo que han rechazo los afectados.
Academia de la lengua existe desde 1928
En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, cuya personalidad jurídica fue otorgada un 8 de agosto de 1928, es decir hace casi 94 años.
Además, la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), que creó la biblioteca virtual (www.enriquebolanos.org) con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses.
Asimismo, la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS), que llevan el recurso hidríco a lugares remotos sin acceso al agua potable.
Según el decreto presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, también se pide cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecanciller y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
Aunque no ha presentado pruebas, el legislador sandinista acusa de que las ONG que han sido ilegalizadas hasta ahora, más de 200, utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018.
En ese entonces, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por Ortega como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos y causas médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento.
El régimen de Ortega también ha cancelado los registros y números perpetuos de nueve ONG europeas, seis ONG estadounidenses, y una costarricense.