Proceso de elecciones indirectas debería tener apertura a la participación ciudadana

Los procesos de elecciones indirectas en El Salvador deberían contar con participación ciudadana y con un instrumento de medición o de criterios (barómetro), según coinciden especialistas locales como del exterior consultados por El Diario de Hoy.

Por mandato constitucional, el país debe mantener un sistema democrático en el que la ciudadanía con mayoría de edad elige en voto popular a sus representantes en la Asamblea Legislativa y este Órgano elige a los funcionarios de entes de control, a través de procesos de selección.

El director de la Oficina de El Salvador y de los Programas Regionales del Instituto Nacional Demócrata (NDI), Eduardo Núñez, explicó que la democracia representativa no es un acto de poder que solo se hace en un evento electoral.

"No es que usted va un día y vota y usted ya le dio todo el poder para que esa persona haga lo que quiera… Es fundamental entender que todo proceso de elección de representación popular o de representación indirecta, como estos, debe de ser abierto al escrutinio y la participación de la sociedad en sus distintas expresiones", manifestó Núñez.

DE INTERÉS: Rodolfo Delgado busca reelegirse como fiscal general

El experto explicó que en otros países, incluso de la región centroamericana, buscan cualificar la participación ciudadana a través de rectores de universidades, decanos, colegios universitarios, entre otros grupos de expertos.

"Y no es un modelo perfecto, pero fundamentalmente a lo que remite es a la idea de que a mayor involucramiento ciudadano en los procesos de selección, más información cruzada puede haber y más criterios para hacer una evaluación lo más objetiva y verificable que se pueda hacer por parte de los órganos electivos", detalló.

Núñez añadió que este tipo de procesos debe ser abierto al escrutinio de los medios, al escrutinio de la sociedad civil organizada y abierto, incluso, en tiempo real sincerando cuáles son los criterios que utilizan los órganos electivos para seleccionar los perfiles.

Además, consideró que la responsabilidad de los Órganos electores es establecer criterios estandarizados de forma transparente, en los que deben ser explícitos los criterios que se utilicen.

Instrumento de evaluación

El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio, señaló que desde que llegó el FMLN al gobierno central comenzaron a insistir en la necesidad de contar con un barómetro, porque dicho instrumento "pone la cancha en igualdad de condiciones".

Sin embargo, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa señaló, tanto en la legislatura pasada como la actual, que no utilizará un barómetro creado por organizaciones civiles; pero tampoco crea un instrumento para aplicar a todos los que aspiran a la función y contraloría pública, o en el caso de tenerlo, solo lo conocería la fracción oficialista de Nuevas Ideas.

Rubio ejemplifica el caso de Estados Unidos en donde muchas entrevistas a políticos o candidatos cuentan con la presencia de ciudadanos. En cambio en la Asamblea, el conversar o hacer preguntas a las y los candidatos a magistraturas u otros cargos lo restringen hasta a la prensa.

Históricamente, El Salvador ha tenido "tremendas deficiencias" en las elecciones de segundo grado, ya que en muchos casos ni siquiera se cumple la ley o los reglamentos que establecen los criterios, indicó el director.

Para el representante de la organización ciudadana las preguntas que se hacen a los candidatos a funcionarios son para mostrar el nivel de dependencia que pueda tener.

"Vemos que las entrevistas tienen preguntas que comprometen la visión de independencia de un funcionario y como se sabe que la escogitación tiene un carácter político, si a usted le preguntan qué opina de una ley que no le gusta al gobierno este funcionario se inhibe, porque sabe que si muestra independencia no lo van a elegir", consideró Rubio.

Además, consideró que los tiempos que se le dedican dejan muy poco tiempo para responder.

PUEDE LEER: La elección de magistrados del TSE no cumplió con perfil de idoneidad

Un informe de Acción Ciudadana reveló que el tiempo promedio que se les dedicó a las entrevistas de candidatos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue de 24 minutos, lo que consideraron muy poco para indagar en los perfiles de los ahora integrantes del colegiado.

"A los candidatos que de alguna manera son muy favorables al gobierno de turno, pues le dedican menos tiempo, porque él ya va seguro", consideró Rubio.

La falta de atención a ambos llamados es de riesgo para todo el país advirtió. "Los funcionarios de elecciones de segundo grado son fundamentales para garantizar la separación de poder, el balance de poder, la independencia; porque justamente son elecciones para instancias de control, pero si todas estas instituciones están controladas no van a controlar", enfatizó.

El abogado e investigador Oswaldo Feusier valoró que la opinión de las organizaciones de la sociedad civil es precisamente uno de los elementos o indicadores de una democracia.

"Que no se tome en cuenta a la ciudadanía en temas tan básicos es una demostración de lo poco que importa los estándares democráticos", señaló Feusier.

Este año El Salvador ha estado colmado de elecciones. En febrero el país votó en elecciones presidenciales y en marzo en legislativas y municipales.

Tomada la posesión la nueva legislatura, comenzó con los procesos de elecciones indirectas: en septiembre el TSE y Corte Suprema de Justicia (CSJ); recientemente se abrió el proceso para la vacante en la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y antes del 5 de enero de 2025 corresponde elegir fiscal general.

Falta de probidad

Aunque no se cuenta con una norma que obligue a la Asamblea dejar plasmada la justificación para elegir a una persona para ejercer un cargo, sí hay jurisprudencia que lo establece. Aún así, a la fecha no se conocen los criterios técnicos que llevaron a Nuevas Ideas a otorgarle la presidencia de la CCR y luego del TSE a su exprecandidata, Roxana Seledonia Soriano.

La abogada corrió en las elecciones internas del partido en 2020 para ser candidata a diputada y en su hoja de vida no demostró experiencia profesional en la materia de auditoría ni en la del Derecho Electoral cuando compitió para la CCR y el TSE.

Al consultar con las voces expertas sobre qué ocurre cuando se elige en un cargo de poder a alguien sin la experticia requerida, lo menos que se espera es que de manera inmediata se forme en la materia.

Según Núñez es una situación que merece ser analizada en dos momentos, lo primero es que se deben elegir a personas con competencias pertinentes para el tipo de cargo.

LE PUEDE INTERESAR: Reto para nuevo TSE será sostener su independencia, dice exmagistrado

"Si vamos a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues vamos a buscar personas que sepan de lo Contencioso Administrativo, de los Penal, de lo Civil; si vamos a elegir a autoridades electorales, que sepan de administración electoral y de justicia electoral; si vamos a elegir un fiscal, que sepa de persecución penal", expuso.

Pero, Núñez aclara que no son situaciones aisladas en los procesos electorales y que por lo tanto se debe recurrir al segundo elemento de la "ingratitud".

"Usted tiene que ser ingrato con la persona que lo elige, porque usted tiene que volverse independiente, llámese Asamblea Legislativa, presidente. Usted tiene que tener la determinación de aprender", puntualizó.

Para ello, Núñez dijo que en El Salvador hay oportunidades "extraordinarias" para eso. "Hay organizaciones especializadas que pueden brindar asistencia técnica, hay posibilidades de cooperación horizontal entre organismos judiciales, electorales, etcétera", dijo.

Llamado reiterado

Las consideraciones de Núñez, Rubio y Feusier no son las primeras en decir que el país necesita de la participación ciudadana y del uso de un instrumento de evaluación en las elecciones de segundo grado.

Recientemente, el Consorcio Observa El Salvador 2024 también determinó esas y otras consideraciones. Expuso entre las propuestas que se permita que organizaciones ciudadanas y personas individuales presenten tachas u observaciones fundamentadas sobre los aspirantes, como lo han propuesto en el pasado otras organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Esto, además de que permitiría democratizar el proceso, contribuiría a una elección basada en principios de transparencia y rendición de cuenta de los actos de gobierno. Asimismo, llamaron a que se consideraran las votaciones individuales de candidatos.