En el último año, las cifras de violencia en Costa Rica han tenido un importante aumento con respecto a años anteriores, según han reportado distintos medios locales, los cuales informaron, semanas atrás, que el gobierno de ese país estaría barajando la posibilidad de imponer un estado de excepción similar al que existe en El Salvador desde marzo de 2022.
Ante la inquietud de la población acerca de esos índices, que incluye un repunte en los homicidios, el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, brindó una conferencia de prensa el pasado miércoles en el que negó la posibilidad de adoptar las medidas salvadoreñas.
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Durante su intervención, el mandatario afirmó que había recibido comentarios en los que le pedían "seguridad estilo Bukele" (en referencia al régimen de excepción), sin embargo, Chaves explicó que "en Costa Rica no tenemos Ejército, tenemos garantías", por lo que indicó que no se podía arrestar a la gente así como se arrestan en otros países como Perú.
También advirtió que su país no tiene la capacidad de decretar un estado de excepción, sobre todo, porque "no estoy claro de que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico-político como los salvadoreños".
Asimismo, señaló que los problemas en Costa Rica deben resolverse "de acuerdo con nuestra realidad política", por lo que también afirmó que es un "ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro".
El tema de la democracia y separación de poderes es uno de los puntos más cuestionados en la administración de Nayib Bukele, pues desde que tomó el control la actual Asamblea Legislativa, de corte oficialista, se han emitido decretos y medidas que han ayudado al mandatario a concentrar el poder.
En este caso, uno de los primeros puntos que ayudaron a que Bukele tomara control del Órgano Judicial fue la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados impuestos posteriormente emitieron una sentencia que le permite al presidente reelegirse pese a que la Constitución lo prohíbe en varios de sus artículos.
Este control sobre la Asamblea, además, ha permitido a Bukele continuar ampliando el régimen de excepción mes a mes y sin discusión por parte de los diputados oficialistas, pese a que los motivos que llevaron a su aprobación, según el propio gobierno, ya han sido controlados.
Además, en el marco de ese decreto, que incluye la suspensión de garantías constitucionales, ha provocado que varias organizaciones de la sociedad civil denuncien de forma pública que hay graves violaciones a los derechos humanos en el país, algo relacionado principalmente con las miles de capturas arbitrarias de personas que no han cometido delitos o que no están relacionadas con grupos criminales.
Por ese motivo, y pese a que el presidente costarricense omitió profundizar más en el tema, sí se limitó a decir que "lo de Bukele se los quedaré debiendo".
Según medios de Costa Rica, el 2022 cerró con una cifra total de 654 homicidios, la más alta de los últimos años, mientras que al 24 de enero se registraba un promedio de hasta dos homicidios por día.