Venezuela, El Salvador, México y Uruguay acudieron a las urnas en 2024, como Argentina y Brasil lo hicieron antes, dando paso a impredecibles gobiernos populistas de derecha e izquierda, que en algunos casos no dudan en saltarse sus constituciones y legislaciones basándose en el mandato que han recibido de sus pueblos.
En Venezuela, Nicolás Maduro se aferra al poder después que se demostró que hubo fraude en la elección en la que se autoproclamó vencedor y que se ha documentado mundialmente que fue ganada por el exdiplomático Edmundo González Urrutia.
La proclamación de Maduro hizo estallar protestas que fueron brutalmente reprimidas y en las que murieron 28 personas y 200 resultaron heridas, en tanto González Urrutia se asiló en España, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra.
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Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países latinoamericanos desconocieron a Maduro. Washington reconoció a González Urrutia como "presidente electo" de Venezuela.
En El Salvador, Bukele se hizo reelegir pese a que la Constitución prohíbe la reelección continua y de inmediato anunció una "medicina amarga" que se traduce en el despido de miles de empleados del sector público y la permanencia del "régimen de excepción", un estado de sitio para capturar a las pandillas; pero también para intimidar a críticos y opositores y desarticular el Estado de pesos y contrapesos institucionales.
Aunque no ha ido a elecciones en 2024, el régimen de Daniel Ortega repite o emula a su vecino, incrementando la represión sobre la oposición y expulsando y desnacionalizando a sus líderes, presionando y oprimiendo a la Iglesia, las organizaciones privadas de servicio público y reformando la Constitución para institucionalizar la dictadura dinástica.
En Guatemala, el gobierno socialdemócrata de Bernardo Arévalo enfrenta el embate de sectores oscuros a través de la fiscalía, sancionada por Estados Unidos.
En México, con el gobierno izquierdista de Claudia Sheinbaum, sucede algo similar: se desmantela la independencia del poder judicial haciendo que sus magistrados y jueces sean elegidos en votaciones populares, es decir, abriendo la puerta para que el narcotráfico y el crimen organizado pongan a sus candidatos. El gobierno de Sheinbaum rehuye un choque frontal con el bajo mundo y sigue la política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, de "abrazos y no balazos".
Para analistas consultados por la cadena CNN, el debate sobre un posible resurgimiento de la "ola rosa" —en referencia a las victorias de gobiernos de izquierda y centroizquierda entre la década de 1990 y 2000— choca con la realidad de un entorno económico frágil, el ascenso de derechas más organizadas, líderes populistas poco tradicionales y un electorado marcado por la abstención y el desencanto hacia los partidos políticos tradicionales. Este escenario muestra.
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una región en transición, en la que los gobiernos enfrentan desafíos internos y una creciente desinstitucionalización, al tiempo que se redefine el papel de las categorías políticas clásicas.
Los esquemas institucionales están siendo soslayados por estos gobiernos, incluyendo a la futura administración de Donald Trump, que se amparan en el mandato que reciben de la gente, a la que no le importa sacrificar sus libertades y democracia con tal que haya líderes que la seduzcan y le tiren migajas desde la mesa.
Esto lo intentó hacer y en muchos casos lo consiguió la seudo-izquierda chavista agrupada en el ALBA, la alianza promovida por Hugo Chávez, que desató una ola represiva y de persecución a medios y oposición en países como Venezuela, Nicaragua y Ecuador y ahora es imitada por derechas en países como El Salvador y Argentina.