La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó este martes el cierre de 1.500 oenegés por parte de las autoridades nicaragüenses, lo que eleva la cifra de organizaciones, medios y universidades privadas prohibidas en el país a más de 5,000 desde 2022.
Según la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, este cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil es "profundamente alarmante" y, más aún, en un país que ha visto su espacio cívico "severamente erosionado" en los últimos años.
También se estarían aplicando restricciones indebidas por parte del Gobierno de Nicaragua a la libertad de religión, algo que se refleja en que aproximadamente la mitad de las ONG recientemente cerradas eran asociaciones de índole religiosa.
"El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua", indicó la portavoz del organismo de la ONU, Liz Throssell.
Recordó que, de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que aún funcionan, muchas han optado por la autocensura o la disolución en medio de leyes restrictivas que limitan sus actividades.
Ante esta situación, la oficina reiteró su llamamiento a las autoridades nicaragüenses a dejar de imponer restricciones a los espacios cívicos y democráticos del país y a garantizar el respeto a los derechos humanos, de conformidad con sus obligaciones internacionales en esta materia.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad.