Nicaragua tuvo comicios municipales “con ausencia de condiciones para que fueran libres, justos y competitivos”, como advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), urgió al régimen de Daniel Ortega “a restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de derecho mediante la separación de poderes y el cese de la represión”.
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Los comicios del domingo pretendían en teoría la renovación de más de 6 mil cargos públicos, entre ellos, alcaldes, vicealcaldes y concejales municipales, en los 153 municipios del país.
Sin embargo, la CIDH advirtió que se celebrarían “en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales”.
La Comisión dijo que “ha constatado el recrudecimiento de la represión y persecución contra opositoras políticas”, tales como más de una docena de detenciones arbitrarias y la sustitución de facto de autoridades de cinco alcaldías no gobernadas por el oficialismo, así como reformas la legislación electoral que impide la fiscalización de la sociedad civil al proceso electoral.
La Unidad Nacional Azul y Blanco informó que los comicios estuvieron marcados por el abstencionismo de los votantes y mostró fotografías y videos de poca afluencia a los centros de votación.
La Prensa expuso denuncias ciudadanas de que colectivos orteguistas estaban yendo a los barrios y pueblos a obligar a la gente a concurrir a votar.
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Desde el exilio 13 organizaciones emitieron un comunicado en el que aseguran que las elecciones serían una “farsa” para entronizar “un régimen dictatorial absoluto y de partido único”.
La oposición denunció que más de 755,000 nombres desaparecieron de los padrones electorales y que el congreso de mayoría orteguista aprobó una ley para que los nicaragüenses pudieran votar incluso con cédulas de identidad vencidas.
Urnas Abiertas señaló las personas estuvieron “vigiladas por el oficialismo cuadra a cuadra” para obligarlas a votar o para asediarlas en caso de ser opositores y los empleados públicos obligados a ir a votar.
La CIDH recordó “la prolongada detención arbitraria de más de 200 personas, entre ellas, opositoras políticas, periodistas y defensoras de derechos humanos, así como las graves condiciones en las que permanecen privadas de libertad y las condenas desproporcionadas en su contra”, lo cual “tiene un efecto amedrentador en la población de cara a las elecciones locales, el cual resulta propicio para la perpetuación del poder y la cooptación de los últimos espacios disponibles para la participación política”.
El principal encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, calificó de “otra farsa” las elecciones municipales porque se niega a a los nicaragüenses “el derecho a elegir libre y justamente a sus mandatarios municipales”.
“Sin sorpresas” titularon medios de prensa internacional las notas sobre los comicios, en vista de que ya estaban anunciadas las condiciones en que se desarrollarían con la única intención de favorecer al régimen y darle un manto de supuesta legalidad y democracia.
Un grupo de 13 organizaciones opositoras en el exilio calificaron las municipales como un "proceso viciado", al considerar que "no representarán la voluntad del pueblo nicaragüense" y que Ortega tiene por objetivo establecer "un régimen dictatorial absoluto y de partido único".
"Nicaragua se consolidará como un Estado más totalitario después del 6 de noviembre" tras un proceso electoral sin competencia, concluyó, por su lado, en un informe conjunto un grupo de medios de comunicación críticos con el Gobierno de Ortega y que han exiliado a sus redacciones alegando razones de seguridad.