Los familiares de 43 estudiantes mexicanos de la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014 salieron a la calle este jueves para exigir «la verdad» en el décimo aniversario de una tragedia que conmocionó a la nación.
El caso, una de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas en un país asolado por la violencia, se ha convertido en emblema de las desapariciones forzadas en México, donde se cuentan más de 100.000 víctimas.
«Una década después, aún estamos lejos de conocer la verdad y el paradero de los estudiantes», dijo Vidulfo Rosales, abogado de las familias.
Manuel Vázquez Arellano se considera sobreviviente de la desaparición de 43 estudiantes que conmocionó a México en 2014. El evento le produjo pesadillas, pero también lo llevó a la política donde asume enfrentarse a su propio partido para alcanzar la verdad. «Aunque fuera un sacerdote, seguiría hablando de los 43», dijo a la AFP el diputado del partido oficialista Morena, de 36 años.
Días antes de que Claudia Sheinbaum preste juramento como la primera mujer presidenta de México el 1 de octubre, se espera que miles de personas, entre familiares, estudiantes y otros manifestantes, marchen por Ciudad de México al grito de «¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!».
Diez años después, la atención se ha centrado en encontrar los restos de los jóvenes, así como la verdad sobre los responsables, en una nación donde la violencia criminal se ha cobrado más de 450.000 vidas desde 2006.
Hasta ahora sólo se han encontrado e identificado los restos de tres de los alumnos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
Las familias reclaman al izquierdista presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, estrecho aliado de Sheinbaum, por no haber localizado a los demás.
«Creemos que este presidente nos mintió. Este presidente nos engañó», dijo María Elena Guerrero, madre de una de las víctimas, en uno de los actos de conmemoración del sombrío aniversario.
Hilda Hernández, cuyo hijo también desapareció, dijo que las autoridades están «tratando de desgastar a los padres» y esperando que olviden.
«Pero a pesar de todos los intentos de dividir y desacreditar, sin descanso ni tregua los padres siguen exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas», afirmó.
AMLO defiende al ejército
López Obrador defendió su gestión para esclarecer el caso en una carta enviada a los familiares esta semana, en la que destacó el procesamiento de 151 personas, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 personas, así como la búsqueda en cientos de lugares.
«No existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes», dijo el mandatario en una conferencia de prensa el miércoles, y agregó que los comandantes militares habían cooperado en la investigación.
"Uno de los puntos importantes va a ser para poder avanzar en el caso, que el Ejército mexicano sea investigado y que ponga a disposición de las autoridades la información basta que tienen sus archivos y que pudieran dar cuenta de lo ocurrido" indicó el abogado Vidulfo Rosales, quien además aseguró que "si no está dispuesto el ejército a dar esta información y a que se le investigue por su probable participación e implicación en el caso, sería muy difícil dar con el paradero y avanzar".
Los estudiantes del colegio Ayotzinapa, una comunidad conocida por su activismo político antisistema, desaparecieron cuando se dirigían en autobuses a una manifestación en Ciudad de México, para conmemorar la masacre de varios cientos de alumnos el 2 de octubre de 1968.
Los investigadores creen que los jóvenes fueron secuestrados por un cártel de la droga con la ayuda de la policía local, aunque no está claro exactamente qué sucedió después.
La llamada «verdad histórica» -una versión oficial del caso presentada en 2015 por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto- fue ampliamente desacreditada, en particular la teoría de que los restos fueron incinerados en un vertedero de basura.
Cabe recordar que ocho militares han sido acusados de haber colaborado con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas, pero en mayo pasado fueron dejados en libertad provisional levantando una ola de críticas que llevó a que los familiares de las víctimas acusarán incluso a López Obrador de haber cerrado filas con el Ejército. Ahora, las familias y sus abogados le piden a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre esclarecer la desaparición de los normalistas.
ONU contra impunidad
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno mexicano «acciones renovadas» ante los «resultados insatisfactorios» de la investigación.
«La extrema gravedad de lo ocurrido, los resultados insatisfactorios -así reconocidos por todos los actores- y la perseverancia de las familias hacen imprescindible recuperar el diálogo, restablecer la confianza y adoptar acciones renovadas que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido», dijo en un comunicado.
El organismo llamó «tanto a las autoridades civiles como militares a superar los obstáculos que han impedido alcanzar los objetivos deseados» tras una década de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, estado del sur de México.
Por ello, «saludó el importante encuentro» del 29 de julio pasado entre las familias de los desaparecidos y Claudia Sheinbaum, quien asume como presidenta el 1 de octubre.