El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende estrechar su control sobre los estudiantes, docentes y personal administrativo universitarios al obligarlos a notificar con anticipación si van a salir del país, sin importar cuál sea el motivo de su viaje, informó el sitio 100% Noticias.
La fuente dijo que la orden está contenida en una comunicación oficial del secretario técnico del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Jaime López Lowery.
Según 100% Noticias, el interés es conocer el movimiento migratorio del personal docente, estudiantes, administrativos y directivos de la comunidad educativa, así como del personal académico y científico que reciben en ocasión de eventos para realización de actividades contempladas en los planes, programas y proyectos que llevan a cabo.
Los afectados deben notificar cada salida del país por asuntos personales, tales como turismo, visitas familiares, vacaciones, entre otras del personal directivo de todos los niveles de las universidades. “La planificación debe ser por 30 días anticipados a la fecha de realización de movimientos migratorios de que se trate”, dice el documento.
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Javier Meléndez, analista en seguridad y defensa, señala que esta acción es una forma de controlar a todos los ciudadanos.
“Control total al entorno humano del personal de las universidades en Nicaragua: Todos y todas deben informar si piensan salir del país. Aunque sea con su propio dinero”, dijo Meléndez en su red social Twitter.
En el presente año, Ortega ha intensificado su hostilidad contra los universitarios, protagonistas principales en la resistencia al régimen y en las protestas que se desencadenaron en 2018 y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que dejaron centenares de muertos.
La Asamblea Nacional nicaragüense, dominado por el oficialismo sandinista, aprobó el miércoles 2 de febrero la cancelación de la personería jurídica de cinco universidades: Universidad Politécnica (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucaste), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Paulo Freire y Universidad Popular (Uponic).
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El régimen alegó que las instituciones no han reportado sus estados financieros y tampoco a sus juntas directivas y, por tanto, violaron la ley contra lavado y terrorismo, misma ley que el oficialismo ha utilizado en contra de los opositores encarcelados.
Estudiantes y académicos críticos coincidieron en que el régimen busca acallar las voces disidentes en Nicaragua. Desde mayo de 2021, el gobierno ha encarcelado opositores, cerrado ONGs, impedido la entrada y salida del país a periodistas y opositores y cerrado y confiscado medios de comunicación independientes.