El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dejó de pagar las pensiones de vejez a los opositores que fueron desnacionalizados el pasado 10 de febrero tras ser declarados “traidores a la patria” , denunciaron este sábado los afectados al medio digital Confidencial.
Entre los afectados se encuentran la legendaria excomandante guerrillera Dora María Téllez, antigua compañera de armas de Daniel Ortega, y el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan.
También el exsecretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Julio López Campos; y la excomandante guerrillera, historiadora y disidente sandinista Mónica Baltodano.
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Además el exministro de Educación y sociólogo Humberto Belli, hermano de la escritora y poetisa Gioconda Belli; entre otros.
Según los afectados, entre el 19 y 21 de febrero pasados, que es la fecha en que el INSS pagó la pensión de vejez del presente mes, sus familiares, a quienes dejaron un poder especial para retirar los pagos, no recibieron la pensión bajo el argumento de que no aparecían en los registros de los asegurados tras ser despojados de su nacionalidad.
Hasta ahora ni el gobierno ni el INSS, han hecho pública ninguna normativa al respecto.
Según Confidencial, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, ordenó la ejecución de la medida con base en las sentencias del Tribunal de Apelaciones de Managua, del pasado 9 y 10 de febrero, respectivamente, que los declaró apátridas, traidores de la patria y prófugos de la Justicia.
El exministro Belli, exiliado en EE.UU. desde junio de 2021, calificó de “robo” el despojo de su pensión, que retiraba alguien de su confianza a quien dejó un poder legal, y está vez no pudo hacerlo porque, según dijo un trabajador del INSS, “el señor Belli no está en el sistema”.
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“La sentencia que nos declara traidores a la patria y nos quita nuestra ciudadanía, manda congelar nuestros bienes inmuebles, pero no un ingreso que nos pertenece por ley, como la pensión, que no es una dádiva, sino un derecho que nos ganamos después de ahorrar por muchos años”, reprochó Belli.
“Ellos se lo están robando, porque este tipo de sanción no está prevista en ninguna ley, ni en la Constitución”, añadió.
Exploran acciones legales
Belli, que posee la nacionalidad italiana, anunció que se puso en contacto con la Embajada de Italia en Nicaragua para pedir apoyo y buscará un abogado para explorar opciones legales contra el Estado nicaragüense.
Por su lado, el exsecretario de relaciones internacionales del FSLN, quien recibía el pago de la pensión en una cuenta bancaria, catalogó la medida de “canallada, brutalidad y desprecio a los derechos humanos”, que “redondea un conjunto de atrocidades que no tiene precedentes en América Latina, ni en el mundo”, denunció.
Para el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien se le rebeló a Ortega por no permitir elecciones libres en su país y quien también fue desnacionalizado, el despojo de las pensiones a los jubilados es “un robo”, según escribió en Twitter.