El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este martes otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 21 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), ambas registradas como asociaciones, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
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La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, explicó que disolvieron ambas universidades a petición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que concluyeron que los centros de estudios "falsearon información de oferta académica".
LOS INCUMPLIMIENTOS
Según esa resolución, en el caso de la UPAN, que opera desde 2015 con sede en Managua y sucursal en Matagalpa (norte), no cuenta con una oferta académica "consistente en cuanto a sus elementos mínimos que deben poseer los planes de estudio que exige el CNEA y el CNU".
Tampoco cuenta con autorización para ofrecer carreras en el exterior, "falseando información de la oferta de posgrado, maestría y doctorado ofrecidos a estudiantes extranjeros", según Gobernación, que precisó que el CNU no ha autorizado la ejecución de 9 maestrías y 2 doctorados.
Asimismo, las autoridades determinaron que cinco de los diseños curriculares de maestrías están desactualizados; que la oferta de maestría y doctorado no cuenta con soporte metodológico para ser impartido; que la oferta académica que realizan por medio de las redes sociales no cuenta con autorización; que presentaron una lista incompleta de docentes; y no cuentan con infraestructura adecuada para impartir su oferta académica.
Además "ha emitido títulos de otras carreras no reportadas al CNEA, en las que se incluyen estudiantes extranjeros, pese a que se niega la existencia de una oferta internacional", entre otros.
En el caso de UNIP, que operaba desde 2020 y con sede en Managua, no logró el cumplimiento de los elementos mínimos en su oferta académica, los cuales son necesarios para obtener la acreditación correspondiente de acuerdo a los planes de estudio exigidos.
Tampoco cumple con los mínimos relativos a investigación científica, docentes contratados a tiempo completo y estructura institucional; ni cuenta con autorización para ofrecer carreras en el exterior, ni soportes tecnológicos para ofertar servicios de educación virtual a distancia.
Además ha obviado información relativa a la realización de actividades académicas y de titulación en el extranjero, "otorgando títulos académicos, lo cual atenta contra el sentido de integridad y el rigor académico al que están obligadas las instituciones de educación superior".
ORDENAN ENTREGA EXPEDITA Y ORDENADA
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista y a petición del Ejecutivo, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
Los otros siete centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.