El régimen de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República, declaró de utilidad pública ocho lotes de terrenos, con lo que suman 43 las propiedades expropiadas en los últimos dos días, lo que, a juicio la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, se trata del inicio de una nueva etapa de confiscaciones en el país centroamericano.
Los ocho lotes de terrenos, ubicados en el municipio de Nindirí, vecino de Managua, fueron declarados de utilidad pública con base en la Constitución Política, la Ley de Expropiación y la Ley General de Aguas Nacionales, indicó la procuradora General de la República, Wendy Morales, a través del Diario Oficial La Gaceta.
Sin embargo, a diferencia de las primeras 35 propiedades que fueron expropiadas porque «se encuentran en estado de abandono» y «podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses», estos ocho lotes de terrenos fueron expropiados «en aras de promover el desarrollo del país, específicamente en el departamento de Masaya, y garantizar el abastecimiento de agua a las comunidades», según el boletín oficial.
En sus considerandos, la Procuraduría explico que conforme al artículo 44 de la Constitución Política y en virtud de la función social, los bienes inmuebles pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización.
No obstante, ese ente del Estado no detalló si los afectados con los ocho lotes de terreno fueron indemnizados.
La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció el miércoles el inicio de una nueva etapa de confiscaciones en Nicaragua, luego que la Procuraduría General de la República, como representante legal del Estado, declarara de utilidad pública las primeras 35 propiedades.
El defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, el nicaragüense desnacionalizado Gonzalo Carrión, dijo a través de un audio enviado a los medios que «el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua establece una expresa prohibición de confiscación de los bienes propiedades de la población nicaragüense, con una excepción».
Esa excepción, explicó, es la expropiación por razones de utilidad pública o interés social con una previa y justa indemnización al afectado, «lo cual acarrea la realización de esa apropiación con un procedimiento donde las personas afectadas son parte o deben ser parte con todos los derechos y garantía».
Carrión argumentó que las 35 propiedades declaradas de utilidad pública por la procuradora general de la República, Wendy Morales, no cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución sobre la expropiación de propiedades.
«En consecuencia, la expropiación anunciada es verdadera confiscación, continuación de lo que ya vienen haciendo con personas despojadas de la nacionalidad, con cancelaciones de organizaciones a las cuales también le están confiscando sus bienes», sostuvo el activista.
Hasta el momento se desconoce si las nuevas propiedades expropiadas pertenecen a algunos de los opositores desterrados o exiliados de Nicaragua.
Las autoridades del país centroamericano han ordenado privar de su nacionalidad y de sus bienes a un total de 452 nicaragüenses en los últimos dos años, muchos de ellos abiertos críticos con el Gobierno sandinista que los acusa, entre otros delitos, de traición a la patria.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.