“De los miles de trabajadores de la mina, la mayoría vienen de otras regiones. Actualmente, solo 10 personas oriundas del municipio están empleadas en la empresa, pero tienen que vivir en Montelíbano porque Cerro Matoso S.A. no provee de una ruta para desplazarse hasta aquí”, se queja Yair Perez, fiscal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del municipio de San José de Uré.
Desde hace 500 años, afros descendientes de esclavos rebeldes, indígenas y campesinos coexisten en este palenque -uno de los seis que tiene el país y el único de Córdoba- cuya riqueza humana es solo comparable con la de su naturaleza. Pero San José de Uré también ha tenido que alojar a la fuerza a los protagonistas de la guerra atávica que desangra al país: guerrilleros de los extintos Ejército Popular de liberación (EPL) y Frente 18 de las FARC, paramilitares de extrema derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) operaron y se desmovilizaron aquí.
Hoy, el control lo ejercen estructuras residuales de estos grupos aglutinadas en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, criminales dedicados al narcotráfico que, a sangre y fuego, han arrebatado el poder a otra estructura de la misma índole: los Caparrapos. Precisamente, la violencia ejercida por el Clan del Golfo para hacerse al control de la estratégica región del Nudo de Paramillo, ubicó a San José de Uré como el municipio de mayor victimización y destino forzado de desplazados de zonas rurales. En 2019 batió el triste récord de homicidios del país.
Sobrevivir al pie del gigante minero del níquel
Es en ese paisaje que opera una de las minas de níquel a cielo abierto más grande del mundo. Cerro Matoso S.A. La empresa dice que, entre 2018 y 2022, y a partir de los procesos de consulta previa con las comunidades ordenada por la Corte Constitucional, destinó 58.100 millones de pesos en inversión social: 1.100 hectáreas de tierras productivas, 1.250 viviendas, participación de 460 familias en proyectos productivos y más de 200 becas de estudios superiores.
Otro líder de San José de Uré, quien por razones de seguridad encontramos bajo anonimato en Montería, la capital del departamento, expone las falencias de la inversión social de Cerro Matoso S.A.: “La empresa ofrece una capacitación que se limita a unos cursos de dos meses o tres meses que no resuelven ni el problema laboral ni la calidad de vida de la población”. En cuanto a la oferta laboral, señala que la mina “vincula a personas en ‘paradas’de uno o dos meses y los elegidos provienen de las organizaciones sociales que la empresa controla, así van rotando a su gente”.
Siendo dirigente de una organización campesina, el líder social pudo constatar que Cerro Matoso S.A. proponía pagar a campesinos de zonas rurales del municipio a cambio del permiso para hacer estudios de perforación de suelos en sus fincas. “Les llenaron las fincas de huecos muy profundos que no tapaban y construyeron carreteras sin control. Finalmente, no generaron beneficio ni desarrollo para esos campesinos de territorios donde hay níquel”, dice.
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Mientras el dinero corre a raudales en el coloso del ferroníquel, que paga impuestos y altos salarios a sus empleados, los uresanos han caído en la ruina social, concluye Yair Pérez: “Aquí solo quedan las enfermedades de transmisión sexual tras las olas de obreros venidos de diferentes regiones del país para las grandes ‘paradas’ de la empresa. La canasta familiar más elevada de toda la región. Y una juventud sin presente ni futuro cuyas únicas opciones son la minería ilegal, emplearse al servicio del narcotráfico o engrosar las filas de los grupos armados al margen de la ley. Muchos de nuestros jóvenes mueren apenas con 15 años. Ellos son las grandes víctimas de Cerro Matoso”.
Víctimas de un modelo de desarrollo asociado al extractivismo que condena a los habitantes de estos territorios a ser comunidades de sacrificio, señala el ambientalista y defensor de DDHH Mauricio Madrigal.
A la pregunta de qué quedará si algún día Cerro Matoso S.A. se va de su palenque, Leovigildo Vivanco, líder afrocolombiano y documentarista para la Comisión de la Verdad, responde: “Va a quedar un gran hueco. La miseria de un pueblo con sus cuerpos, aires y aguas contaminadas, la ilusión de una riqueza que nunca tuvo en la mano y los escombros de una lucha limpia basada en la defensa de los derechos humanos”.