La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, instó este miércoles a El Salvador a velar por la seguridad de la ciudadanía ante la violencia de las pandillas respetando las leyes internacionales de derechos humanos.
"Reconocemos (....) y entiendo que la seguridad, y como se maneja la delincuencia, es algo sumamente desafiante y reconozco los desafíos que se tienen con las pandillas en El Salvador", dijo la alta comisionada en una entrevista grabada y transmitida durante la primera jornada del primer foro "Bloomberg New Economy Gateway Latin America", celebrada a las afueras de Ciudad de Panamá.
Reconoció que el "estado de emergencia que conllevó a más de 30.000 personas arrestadas y las consecuencias de los procedimientos penales" es un asunto que "inquieta".
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Bachelet declaró que en El Salvador "hay buena intención pero se tiene que hacer de una manera con respeto a los derechos humanos".
"El Estado debe asegurar la seguridad y la justicia pero cumpliendo con las leyes de derechos humanos", agregó.
Bachelet participó en el foro organizado por Bloomberg a las afueras de la capital panameña, en el que no hay acceso a fotógrafos ni cámaras de TV.
A finales de marzo, El Salvador vivió una ola de asesinatos perpetrados por las pandillas, principalmente por la Mara Salvatrucha (MS13), que llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción, que aún perdura.
Entre el 25 y 27 de marzo fueron asesinadas 87 personas en El Salvador y el día 26 se situó como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña, con 62 homicidios.
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Bajo este régimen de excepción, que cumplió su primer plazo de 30 días y fue ampliado por un período igual, han sido detenidas más de 30,000 personas, según datos de la policía salvadoreña.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha definido esto como una "guerra contra las pandillas" y la principal apuesta del Ejecutivo es la detención masiva de supuestos pandilleros y colaboradores. Sin embargo, entre los detenidos no solo están miembros de pandillas, sino también personas que lograron justificar que sus capturas habían sido arbitrarias y algunas han sido puestas en libertad.
El régimen actual ha suspendido varios derechos constitucionales, entre los que están la inviolabilidad de las comunicaciones, es decir que el gobierno tiene la capacidad de escuchar las conversaciones telefónicas y de interceptar la correspondencia de todos los salvadoreños. También el derecho a defensa, que implica que una persona que ha sido capturada no tiene actualmente el derecho de conocer las razones de su detención y tampoco la oportunidad de ser asistido por un abogado de manera inmediata.
Esto ha llevado a que en los últimos 40 días, varias personas hayan denunciado capturas arbitrarias, es decir sin justificación del porqué fueron detenidos por la Policía Nacional Civil.
Hasta el 11 de mayo, la organización Cristosal registró 359 denuncias de excesos de fuerza y abusos de autoridad en el marco del régimen de excepción.