El plan de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta cada día más resistencias internas incluyendo una huelga de jueces y cuestionamientos internacionales, tensiones con Estados Unidos y desconfianza en los mercados, debido a que se teme que politizará la justicia y le abrirá las puertas al narcotráfico y al crimen organizado.
La columna vertebral de esta reforma constitucional plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular desde 2025 y tiene el camino despejado gracias a la aplanadora mayoría gubernamental que asumirá el control del Congreso el próximo domingo.
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Pero las resistencias crecen con la huelga de operadores judiciales que lleva más de una semana y el fin de semana la Jueza Quinta de Distrito en el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, ordenó a la Cámara de Diputados suspender la discusión del dictamen que sostiene la reforma judicial, agendada para este lunes.
La juzgadora respondió así a un amparo solicitado por un grupo de jueces ante la propuesta del partido de AMLO y su partido, MORENA.
Miles de estudiantes universitarios de Derecho protestaron este domingo contra la reforma de López Obrador.
Los jóvenes, encabezados por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado momentos antes de que López Obrador rindiera su último Informe de Gobierno oficial y antes de que entrara en funciones el nuevo Congreso.
“Democrático es el poder que se ejerce con el beneplácito de todo el pueblo, no solo el de las mayorías aplastantes”, expuso uno de los oradores en el Ángel de la Independencia, donde ondearon banderas de México.
Opositores, jueces y trabajadores del sector anticipan que la reforma politizará la justicia. Pero no sólo ellos.
La relatoría especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados llamó a "reconsiderar la propuesta" para salvaguardar la "independencia judicial".
Estados Unidos sostiene que la reforma es un "riesgo" para la democracia y "amenaza" el acuerdo de libre comercio T-MEC, por el cual 83% de las exportaciones mexicanas van a ese país.
También asegura que abre la puerta a que los cárteles se aprovechen de jueces inexpertos, en un contexto en el que el narcotráfico ya permea la política.
El T-MEC, que debe ser revisado en 2026, "depende de la confianza de los inversionistas", advierte Washington.
Canadá manifestó asimismo que sus inversores "quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas".
López Obrador rechazó esas declaraciones como "injerencistas" y “pausó” las relaciones con las respectivas embajadas.
La reforma "llevaría a una elevada incertidumbre sobre el ambiente legal", indicó la firma británica Capital Economics en una nota a sus clientes.
Desde la victoria aplastante de Sheinbaum el 2 de junio, el peso mexicano se ha depreciado 15,7% hasta niveles cercanos a 19,6 unidades por dólar.
"Este desliz refleja las preocupaciones internas sobre la estabilidad económica del país que podrían estarse reflejando en el menor crecimiento del PIB, y también la percepción de riesgo que los inversionistas extranjeros están comenzando a atribuirle a México", dijo a AFP Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones en la firma Franklin Templeton.
El Banco Central de México recortó el miércoles su previsión de crecimiento para este año de 2,4% a 1,5%, según dijo por un menor dinamismo de la demanda de Estados Unidos.
López Obrador está enfrentado a la Suprema Corte por bloquearle reformas como una al sector energético que ampliaba la participación estatal y otra que involucraba a los militares en la seguridad ciudadana. Ambas decisiones se consumaron pese a que el mandatario nominó a cinco de los actuales ministros
Según la reforma, los candidatos serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Actualmente, los miembros del Tribunal Supremo son nominados por el presidente y ratificados por el Senado. Jueces y magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del sector.
Los requisitos para esos cargos se mantendrían prácticamente igual: 35 años de edad para ministros y magistrados y 10 como profesionales; 30 años para jueces y cinco de titulados. Ninguno debe haber ocupado cargos como secretario de Estado, fiscal, congresista, magistrado electoral o gobernador.
El proyecto, respaldado por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, propone además disminuir de 11 a 9 el número de ministros del máximo tribunal, y recortar sus mandatos de 15 a 12 años.
También, crear un nuevo órgano para supervisar a los jueces, en un país donde la impunidad alcanza 99%, según la oenegé Impunidad Cero.
El caso más parecido al proyecto mexicano es el de Bolivia, donde los miembros de las altas cortes son elegidos por voto popular. Algunos estados de Estados Unidos eligen así a sus jueces locales, al igual que en Suiza.
Los empleados, en huelga indefinida, advierten igualmente que la elección elimina los ascensos por méritos.