La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, fue aprobada en lo general la madrugada de este miércoles en una sede alterna al Congreso mexicano por la ‘supermayoría’ oficialista.
El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de reforma del Poder Judicial quedó aprobado con 359 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 135 en contra de la oposición.
Si bien hubo pausas, retrasos en espera de diputados opositores, mociones en contra para desarrollar la sesión por parte de la oposición y un agitado y largo debate, los congresistas del oficialismo hicieron valer su mayoría de más dos tercios en el Congreso que le permite modificar la Constitución sin consenso de ninguna fuerza política.
¿Qué contempla la reforma judicial de México?
El dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avaló entre otros puntos: reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.
También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
Sede alterna
La Cámara de Diputados mexicana llevó a cabo la importante y larga sesión, en una sede alterna, la Sala de Armas, un recinto deportivo de los Juegos Olímpicos México 68, ubicado al oriente de la capital mexicana, para avalar la polémica reforma ante las protestas de los trabajadores del Poder Judicial y de estudiantes universitarios de Derecho, quienes bloquearon el acceso a la Cámara de Diputados.
El coordinador de la bancada del gobernante Morena, el ahora diputado Ricardo Monreal, anunció que la sesión se llevaría a cabo en la citada unidad deportiva para evitar confrontaciones con los manifestantes.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que representa a más de 1.200 juzgadores federales, que está en paro nacional desde hace dos semanas, formaron desde las 04:00 horas (10:00 GMT) del martes una barrera humana frente al Congreso mexicano, Palacio de San Lázaro.
Los manifestantes acusaron a diputados del oficialismo de agredirlos y denunciaron que el Gobierno de Ciudad de México mandó policías para intimidarlos.
En tanto, estudiantes de Derecho en México denunciaron que se les negó el acceso a la sede alterna donde el Congreso votó la reforma al poder judicial, en medio de protestas en contra de su aprobación.
Los universitarios, que se identifican como parte del movimiento ‘Generación del 24’, buscaban entregar a los diputados un documento con 768 peticiones sobre la reforma, que los diputados del oficialista Morena no les recibieron el lunes.
Nuevo periodo en el Congreso mexicano
El Congreso comenzó un nuevo periodo el domingo en el que Morena y sus aliados del PT y PVEM tienen la mayoría calificada, de más de dos tercios de los escaños, con la que podrán modificar la Constitución sin negociar con la oposición.
Ante esta ‘supermayoría’ en el Congreso mexicano, el presidente de la American Society of México (Amsoc), Larry Rubín reveló este martes a EFE que las empresas estadounidenses en México han frenado anuncios de inversión para el país ante las posibles implicaciones a la certeza jurídica que traerán reformas en el Congreso para elegir jueces por voto popular y la desaparición de reguladores autónomos.
“Ante las circunstancias actuales, hemos decidido no anunciar la enorme inversión americana programada porque estamos analizando el impacto a la certeza jurídica respecto de la reforma judicial”, señaló en breve entrevista en el marco de la ‘Tercera Convención Bilateral: Un nuevo futuro compartido’, realizada el martes en la capital mexicana.
Rubín, quien no precisó la cifra de inversiones detenidas, incluso mencionó que una de las dos candidaturas presidenciales en Estados Unidos se ha acercado a la Amsoc para externar su preocupación respecto del impacto de reformas tan importantes para la política interna del país.
La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chambero of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.