Estados Unidos advirtió que la elección popular de jueces planteada por el gobierno de México "amenaza" la relación comercial entre los dos países y es un "riesgo" para la democracia mexicana.
"El debate sobre la elección directa popular de jueces (…), así como la política feroz que se va a ver acá (…) amenazan la histórica relación comercial que hemos construido", dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en una declaración a la prensa.
La propuesta del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador también "representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México", recalcó el diplomático.
Salazar consideró además que la iniciativa podría "hacer más fácil que los cárteles (del narcotráfico) y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas".
La presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, del mismo partido de López Obrador y que asume el 1 de octubre, reaccionó, aunque sin mencionar a Salazar, en la red social X. Sin embargo, según medios mexicanos, Sheinbaum se reunió la noche del jueves con los líderes del Legislativo para analizar potenciales modificaciones a la polémica propuesta.
El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, también mostró la preocupación que existe entre los inversionistas de ese país durante un encuentro de la cámara de comercio canadiense.
"Mis inversionistas están preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas", dijo el diplomático.
Aunque el embajador sostuvo que una reforma de la justicia en México es necesaria, subrayó que la iniciativa actual no ayudará a combatir la corrupción, como promete López Obrador.
La arremetida de Salazar contra el proyecto de reforma supone su más duro pronunciamiento en tres años y medio como embajador en México, durante los cuales ha mantenido una estrecha relación con López Obrador.
La iniciativa ya causó un dolor de cabeza al mandatario, que desde el pasado lunes enfrenta una huelga en el poder judicial en rechazo a la elección de jueces y la posible eliminación de prestaciones laborales.
En un informe a sus clientes, analistas del banco privado Citibanamex advirtieron que los cambios a la Constitución darían lugar a "una nueva configuración de las reglas del intercambio social, económico y político" en México, segunda economía latinoamericana.
La posibilidad de que se aprueben esos cambios ya provocó una caída del peso mexicano en su cotización frente al dólar poco después de las presidenciales.
Extienden paro laboral
La base trabajadora del Poder Judicial de México extendió al Congreso el plantón contra la reforma que impulsa el Gobierno para elegir a los juzgadores por voto popular, para así exigir un diálogo en vísperas de la discusión de la iniciativa en los próximos días.
Tras tres días de paro y cinco días de plantón en la sede del Poder Judicial en San Lázaro, en la capital mexicana, el secretario de tribunal Alejandro Lozano señaló a EFE que el objetivo de la concentración en el Legislativo es evitar que se apruebe de la reforma sin su conocimiento, lo que se conoce como “madruguete”.
Sobre la propuesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de suspender su salario mientras se mantienen en paro, Lozano defendió su derecho constitucional a la manifestación y aclaró que su “patrón” es el Consejo de la Judicatura Federal, no la Secretaría de Hacienda del Gobierno.
“Todos los órganos jurisdiccionales tienen la facultad constitucional para declararse inhábiles, y es lo que estamos haciendo”, puntualizó Lozano.
José Julio Sánchez, secretario de juzgado de distrito en materia laboral, comentó a EFE que no descartan cerrar vialidades para hacerse escuchar, en caso de no “poder entablar un diálogo real con la coordinación política”.
“Ya llegan conglomerados a nivel nacional, y vamos tal vez a optar por cierres parciales, y lo comento, estamos ejerciendo un derecho y que la ciudadanía entienda y nos disculpe (…) porque vamos a tener que hacer una presencia real en tal vez salir y manifestarnos en las vialidades”, mencionó.
Agregó que también evalúa acudir “un conglomerado enorme” al Palacio Nacional a alguna de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, o a la casa de transición de Sheinbaum.
Patricia Aguayo, secretaria de tribunal, señaló que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) gestiona ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que “se mantenga la independencia judicial en México”.
“Se están elevando a ese rango internacional estas peticiones para que de alguna manera emitan una resolución en el sentido de que México debe respetar también sus convenios internacionales”, comentó ante medios.
Asimismo, Aguayo aclaró que la marcha nacional convocada este domingo contra la reforma es por parte de la organización civil Marea Rosa y no de la judicatura.
Iván Martínez, secretario de tribunal del Reclusorio Sur, dijo a EFE que a la par del plantón que instalaron en el penal, se sumaron a las protestas en la sede Judicial, con la principal “demanda de respeto hacia la carrera judicial”.
“En mi caso particular, tengo 20 años de carrera judicial, inicié en el año 2004 haciendo méritos en los órganos jurisdiccionales, y simple y sencillamente, una reforma en los términos que está planteada por la actual legislatura terminaría con toda la carrera judicial”, zanjó.
Desde el inicio del plantón este lunes, Roxana Gutiérrez, oficial judicial, ha permanecido bajo una carpa para exigir que no se apruebe la reforma judicial, ya que atenta contra la independencia del Poder Judicial y pone en riesgo la carrera judicial, que para muchos, como ella, apenas comienza.
“En lo personal te puedo decir que yo vengo de Ecatepec, entonces me ha costado muchísimo estar aquí llegar hasta a donde estoy y en mi estancia aquí me he llegado a relacionar con gente con muchísimos conocimientos”, expuso a EFE.